Durante el 2020, año en donde se registró una de las crisis más grandes de la época moderna, miles de negocios cerraron, otros abrieron, miles perdieron su trabajo, algunos lo recuperaron y otros todavía no. Mientras la población mundial se resguardaba dentro de sus hogares, los apoyos sociales que los gobiernos autorizaron fueron fundamentales para hacer frente a esta crisis.
En México no existieron tantos incentivos como en otros países y los que ya existían desde antes de la pandemia no fueron suficientes ni eficientes. Eso explica que, durante uno de los peores años en términos económicos, los hogares más ricos se beneficiaran más que los hogares pobres de las transferencias públicas.
De acuerdo con cifras de la ENIGH 2020 (Encuesta Nacional de ingresos y Gastos de los Hogares) del Inegi, el 8% de los ingresos de las viviendas del decil X (más rico) proviene de programas sociales mientras que para las viviendas del decil I (más pobre) este rubro representa el 10% del total de sus ingresos.
Y en sólo dos años y en medio de una recesión económica y crisis de salud, del 2018 al 2020, los hogares ricos duplicaron estos beneficios mientras que los hogares más pobres los redujeron significativamente.
Esto refleja dos cosas importantes:
Los programas sociales que deberían estar dirigidos para reducir las desigualdades las están incrementando, y
los programas sociales representan prácticamente lo mismo para los más ricos que para los más pobres.
La razón fundamental por la que las herramientas de política social no están beneficiando a quienes deberían es que no son progresivas y carecen de interseccionalidad. La mayoría de los programas de transferencias directas son universales, desde las becas de educación media y superior hasta los apoyos para los adultos mayores, dijo Alma Luisa Rodríguez, directora de Análisis Cualitativo en Indesig (Instituto de Estudios de Desigualdad) en entrevista con El Economista. “No es que la universalización esté mal, pero convendría más tenerla en otros sectores, como el sector salud”, dijo.
La progresividad en la política pública implica que el presupuesto se destine en mayor medida para la población más vulnerable. Por su parte, la interseccionalidad implica analizar los fenómenos sociales desde la premisa de que existen diversas formas de opresión, discriminación y desigualdad y, que estructuralmente, pueden potenciar las vulnerabilidades de ciertos grupos de la población.
Hacer política de desarrollo social e implementar programas sociales específicos debería tener el propósito de recortar las brechas, o en medio de una crisis, al menos resarcir el impacto.
Pero las cifras no sólo reflejan en términos de distribución de ingresos que los hogares más ricos han duplicado sus beneficios de los programas sociales, además tienen importantes carencias en materia de género, grupos etarios y grupos de la diversidad sexual. “Se ha omitido esta perspectiva en los programas, antes se pensaba que la gente era pobre porque no estudiaba o no tenía salud, entonces incrementaron la salud y la educación pero no se redujo la pobreza porque el problema no era ese”, dijo Alma Luisa Rodríguez.
