Dos visiones acerca del campo se enfrentan después de la aparición del decreto que prohíbe el glifosato y el maíz transgénico para consumo humano. Por un lado, el lobby agroquímico defiende el uso “responsable” de herbicidas y semillas transgénicas y, por el otro, funcionarios públicos pugnan por una transición agroecológica comunitaria.
El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de febrero último establece como fecha límite el 31 de marzo de 2024 para lograr la sustitución total del glifosato, una sustancia química que altera el ecosistema, probablemente cancerígena y objeto de disputas políticas en todo el mundo. Sin embargo, los fabricantes de agroquímicos no están satisfechos con el decreto promulgado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues su restricción provocaría un impacto económico negativo.
Luis Eduardo González Cepeda, presidente de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos (UMFFAAC), considera que las decisiones tomadas por el Ejecutivo en materia agrícola son sesgadas e incluso dogmáticas, con bases científicas frágiles que se disuelven como herbicida en el agua.
En el registro sanitario de la Cofepris se contabilizan 171 productos que contienen glifosato como ingrediente activo. Glyfort, Roundup, Faena, Coloso, Cacique, Nobel, Lafam, Eurosato y Agroma son algunas de sus presentaciones comerciales. Entre las empresas que lo venden –muchas de ellas con vigencia indeterminada– se encuentran, Agricultura Nacional, Dow Agrosciences, Agroquímicos Versa, Petroagro y Velsimex, además de las fusiones trasnacionales Bayer-Monsanto y Syngenta-ChemChina.
En julio pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la inversión de 500 millones de dólares para rehabilitar y construir plantas de fertilizantes que surtirán de manera gratuita a dos millones de campesinos, ejidatarios y pequeños propietarios. Un año antes, en abril de 2021, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó que no se acreditó la distribución de 170 mil 988 sacos de fertilizante –por un monto de 82 millones 104 mil 300 pesos– en los 125 Centros de Distribución de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), encargados del programa Fertilizantes para el Bienestar.
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