¿Monopolios públicos o monopolios privados?

Como sabemos existe un añejo debate sobre la participación del sector privado en sectores estratégicos, con dos posturas principales:

Por una parte, la teoría económica neoliberal que fue hegemónica durante las últimas cuatro décadas y ahora está en franca decadencia y obsolescencia, considera que debe aumentar la inversión privada como alternativa para que el Estado deje de invertir en sectores económicos estratégicos (como el energético), y canalice mayores recursos hacia la satisfacción de las necesidades sociales; esto al reducir (solo teóricamente) el peso financiero de la prestación integral de servicios, como es el caso del ejemplo que está en boga: la generación, transmisión, distribución y comercialización de la electricidad.

Por la otra, que el sector público debe seguir a cargo de sectores como el energético, y los monopolios naturales del Estado, por ejemplo, la transmisión, distribución y comercialización de la electricidad; esto con el fin de no convertir monopolios públicos en monopolios privados ya que ello repercute en precios elevados, injusticia social, desigualdad y aumento de la pobreza.

La misma teoría económica neoliberal, reconoce que un monopolio natural (generalmente en posesión del Estado) constituye una estructura de mercado donde una sola empresa grande es más eficiente que un conjunto de empresas concesionarias aisladas y relativamente pequeñas en un sector, debido a las economías de escala. Ejemplos de monopolios naturales y bienes públicos son: los ferrocarriles, las redes de distribución de electricidad, agua y drenaje, los ductos de distribución de gas natural y las carreteras de cuota para grandes distancias.

Por ello, concesionar o vender bienes públicos a particulares es convertir monopolios naturales que deben ser públicos, en monopolios privados con poder para fijar precios, no con fines de satisfacer el interés público o social, sino con fines de lucro y beneficio privado.

Las organizaciones empresariales y grupos de interés del sector privado cuestionan al gobierno obradorista por “no brindar expectativas propicias y favorables para la inversión privada”.

Sin embargo, desde la década de los 90 la inversión privada en infraestructura se realizó mediante concesiones de bienes públicos y alianzas público privadas, en activos como carreteras de cuota, puertos, aeropuertos, líneas aéreas y ferrocarriles; incluso después en hospitales y cárceles que acusan sobrecostos importantes e inaceptables. Muchas de estas “inversiones” del sector privado fueron rescatadas por el sector público durante la crisis de 1994-1995 y 2008-2009; los hospitales, las cárceles, los ductos de gas y las centrales eléctricas en el presente están sujetas a revisión y corrección de los contratos.

Esto confirma y demuestra que el Estado mexicano había venido privatizando ganancias en grupos oligárquicos, mediante la concesión de bienes y monopolios públicos, y socializando las pérdidas en momentos de crisis, cargándolas entre las mayorías empobrecidas.

Termino este artículo con dos datos que demuestran que es racional y conveniente para el presente y futuro energético del país la iniciativa de la reforma eléctrica, desmontando el argumento de que “se requiere más inversión privada en plantas generación”:

1) El mercado eléctrico de generación creado a partir de la reforma eléctrica de 2013 está sobreinvertido, y no precisamente con capital fresco del exterior e inversiones extranjeras, sino con apalancamiento de la banca de desarrollo del país (NAFIN, BANCOMEXT y BANOBRAS). Las plantas de energías limpias se construyeron mayoritariamente con financiamiento público, y con minoría de capital privado, nacional y extranjero.

2) Hay sobreoferta de generación de energía por lo que la red de transmisión (transporte de la energía) y distribución a cargo de la CFE está saturada. Esto es así porque con la reforma de 2013, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para apoyar los planes de negocio de los productores “independientes” de energía, que dependen del subsidio gubernamental a través de la CFE, otorgó permisos de generación de manera ilimitada hasta por 104,372 mega watts, cuando la demanda es de solo 52,419 MW.

La reforma energética de 2013, ha sido sin duda otro despojo a la nación en beneficio de unas cuantas empresas parasitarias del sector privado.