Vocales distritales y locales del Instituto Nacional Electoral (INE) se reunieron este jueves con senadores para exponer elementos técnicos sobre las implicaciones del llamado «Plan B» de la reforma electoral, que a su criterio ponen en riesgo la celebración de elecciones ciertas y confiables.
Los funcionarios acudieron a la reunión privada con la Junta de Coordinación Política que preside el morenista Ricardo Monreal, acompañados de los integrantes del Consejo General del INE.
El consejero presidente Lorenzo Córdova definió a los vocales como los operadores de las elecciones.
«Es decir, el Consejo General, los integrantes del Consejo tomamos las grandes decisiones, aprobamos los acuerdos, resolvemos los temas de fiscalización, pero quien hace las elecciones en México son los miembros del Servicio Profesional Electoral. Esos que la iniciativa de reforma, conocida como Plan B, plantea reducir en cerca en un 84.6 por ciento», dijo al término de la reunión con la Jucopo.
“Hoy trajimos a quienes hacen las elecciones para que escucharan las preocupaciones que no son del presidente del INE, sino de la estructura del INE, de quienes hacen las elecciones”, remarcó Córdova.
Las reformas a la legislación secundaria electoral fueron impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien las llamó «Plan B» debido a que su plan original que consistía en una iniciativa constitucional no alcanzó los votos suficientes.
Ante coordinadores y representantes de los ocho grupos parlamentarios, así como integrantes de las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, los operadores del INE expusieron distintas afectaciones de la propuesta de reforma sobre la organización y capacitación electoral, en materia registral, así como a la garantía de derechos de la ciudadanía.
De acuerdo con un comunicado del INE, en materia registral, los vocales indicaron que la operación e instalación de los Módulos de Atención Ciudadana en bienes inmuebles de dominio público de los municipios, entidades federativas o de la federación, repercute en la seguridad de los datos personales, el horario de atención a la ciudadanía y la saturación, entre otros.
Adicionalmente, disminuir el porcentaje de personas insaculadas del 13% al 10% implica riesgos en la integración de secciones electorales con menos de 100 ciudadanos en Listado Nominal. Además de que privilegiar a ciudadanos de mayor edad para integrar las casillas vulnera los derechos de los más jóvenes, cuando más del 50 por ciento de las personas que integran las Mesas Directivas de Casilla son menores de 30 años.
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