Un grupo de legisladores del partido gobernante La Libertad Avanza presentó un proyecto para derogar la ley de interrupción voluntaria del embarazo en Argentina, aprobada por el Congreso a fines de 2020.
El texto plantea penas de tres a 10 años de prisión para quien cause un aborto e incluso la condena de la mujer que se lo practique aunque haya sido victima de una violación, con la excepción de que así lo decida un juez.
El proyecto de ley ingresó el lunes a la Cámara de Diputados en vísperas del encuentro entre el presidente derechista Javier Milei y el papa Francisco en el Vaticano, programado para el domingo.
En su campaña por la presidencia, Milei había anticipado que, de alcanzar el poder, buscaría la derogación de la ley que despenalizó la interrupción del embarazo y que contempla el derecho a decidir y acceder al aborto libre y gratuito hasta la semana 14 de gestación.
La norma vigente —sancionada por el Congreso en diciembre de 2020 y promulgada por el entonces presidente Alberto Fernández en enero de 2021— permite realizar el aborto fuera de ese plazo si el embarazo fue resultado de una violación o si está en peligro la vida o la salud integral de la mujer.
A pesar de que la propuesta de La Libertad Avanza ingresó al Congreso, pasó desapercibida en el marco del tratamiento de la llamada «Ley Ómnibus» —de reformas del Estado y delegación de poderes al Ejecutivo que el oficialismo terminó retirando el martes por falta de apoyo— hasta que se difundió ampliamente en medios locales el miércoles en la noche.
«Será reprimida con prisión de uno a tres años la mujer que causare su propio aborto o consintiere en que otro se lo causare», sostiene la iniciativa publicada en la página de internet de la cámara baja.
En uno de los artículos propone la reclusión de tres a 10 años para quien realice un aborto sin el consentimiento de la mujer embarazada, pena que podrá elevarse hasta a 15 años «si el hecho fuere seguido de la muerte de la mujer», detalla.
Los diputados también proponen cambiar el artículo que se refiere a los especialistas a cargo de los abortos por uno que establece que serán penados con una «inhabilitación especial por doble tiempo que el de la condena los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperaren a causarlo».
En otro de sus apartados aclara que el aborto hecho por un médico con el consentimiento de la mujer embarazada no será castigado si se practica «con el fin de evitar un peligro inminente para la vida de la madre… siempre que el peligro no pueda ser evitado por otros medios».
En Latinoamérica el aborto es legal en Cuba, Guyana, Guyana Francesa, Uruguay y algunos estados de México. En otros países como Chile se permite la interrupción del embarazo por violación, malformación del feto o cuando peligra la vida de la madre. En Nicaragua, Haití, El Salvador y República Dominicana la restricción es total.
Proceso
