A menos de una semana de que se promulgó la segunda parte del plan B de la reforma electoral, 147 empleados del Instituto Nacional Electoral (INE) presentaron la primera demanda de amparo contra el conjunto de normas.
Al mismo tiempo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite otras 30 controversias constitucionales contra la primera parte del paquete de reformas, aunque en ninguno de estos casos el ministro ponente, Alberto Pérez Dayán, concedió la suspensión que solicitaron los promotores, ayuntamientos encabezados por los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional.
El recurso va contra reformas a las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, publicadas en el Diario Oficial de la Federación en diciembre pasado.
En febrero, Pérez Dayán dispuso congelar la aplicación de ambas reformas en los procesos electorales del estado de México y Coahuila, como consecuencia de las primeras controversias.
Esa decisión del ministro de la Corte derivó en una impugnación de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República.
La Jornada
