El pasado miércoles 8 de diciembre, llegaron a Ciudad Juárez, Chihuahua, las primeras dos personas retornadas a México por las autoridades migratorias de Estados Unidos, bajo los pomposamente llamados Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por su sigla en inglés), mejor conocidos por el imperativo «Quédate en México» ─reactivados por orden judicial─, que obliga a los solicitantes de asilo a permanecer en territorio mexicano mientras las cortes estadounidenses deciden si les dan o no refugio.
Con ello, las ciudades de la frontera norte de México son hoy como una olla de presión que se le puso nuevamente al fuego, pero teniendo la válvula extraviada.
Y es que con ello inició una peligrosa etapa de apremio para las localidades donde los albergues para inmigrantes mexicanos (sobre todo los desplazados por la violencia) y extranjeros que buscan cruzar a Estados Unidos, acusan ya alarmantes signos de saturación.
Todo ello en el marco de la ambigüedad e incertidumbre legal, ausencia de políticas públicas y humanitarias por parte de los gobiernos estadounidense, federal mexicano, estatales y municipales, tanto para atender a los miles de migrantes varados ya en esas orillas de México, como los miles que caminan hacia allá, alentados por el incentivo perverso que generaron las noticias de la reapertura de la frontera a viajes no esenciales y la reactivación del programa «Quédate en México», con todo y que es considerado por organizaciones de la sociedad civil y por el propio gobierno estadounidense, como inhumano e ineficiente.
En ese escenario, lo que más preocupa a organizaciones de la sociedad civil que tienen como causa la protección a migrantes, es la delicada situación de vulnerabilidad en que colocan a esas personas, primero porque se trata de personas que vienen huyendo de sus países (por ello buscan refugio) y porque son obligadas a esperar en ciudades violentas y a merced de la delincuencia organizada.
El Economista
