Doce años después que la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) inició Rápido y Furioso –operación encubierta responsable del ingreso masivo de armas de alto poder a México–, la Fiscalía General de la República (FGR) no ha esclarecido si supieron de ella funcionarios del gobierno de Felipe Calderón.
La FGR retomó la investigación en 2019, cuando el gobierno de Estados Unidos apenas había cerrado el caso.
Con Rápido y Furioso la ATF permitió a “civiles” la compra masiva de armas de alto poder que se suponía serían rastreadas desde su salida de la armería hasta su usuario final. Su objetivo: desarticular el tráfico de armas a México. Fue un fracaso y más de 2 mil 500 artefactos siguen en el país, en manos de cárteles.
Con el cierre de la investigación en Estados Unidos quedó sin conocerse el número exacto de armas que Rápido y Furioso permitió ingresar a México ni cuántas fueron decomisadas y cuántas siguen en la calle. Tampoco se conoce cuántas personas han sido asesinadas o heridas en ambos países con esas armas.
Desde 2010 autoridades y agentes estadunidenses involucrados en la operación han hecho declaraciones contradictorias en cuanto a si funcionarios del gobierno mexicano sabían de ella. De acuerdo con sus versiones, al menos, se enteraron los extitulares de la PGR Maricela Morales y Eduardo Medina Mora. El expresidente Calderón negó haber sido informado.
El 19 de mayo de 2020 el canciller Marcelo Ebrard dijo que envió una nota diplomática a Estados Unidos para conocer los detalles de Rápido y Furioso. Aseguró que el gobierno estadunidense ya revisaba dicha nota diplomática. Más de un año después, no hay respuesta.
Proceso
