Los repartidores son los únicos que han tomado acciones legales en contra del cobro de 2% a las plataformas digitales de entrega y reparto en la Ciudad de México. Ni Uber, Didi, Mercado Libre o Amazon, tampoco la asociación que agremia a estas plataformas ni otros políticos de la oposición comunicaron la presentación de recursos legales para contrarrestar esta medida que entró en vigor el 1 de enero de 2022.
El colectivo Ni un Repartidor Menos, integrado por repartidores de plataformas de mensajería y reparto en México, interpusieron un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y ante un tribunal colegiado de la Ciudad de México, y presentaron una queja en las comisiones de Derechos Humanos Nacional y de la Ciudad de México, el pasado 20 de enero. En sus solicitudes sobre derechos humanos solicitan a los ministros el amparo y protección contra “la inconstitucionalidad del artículo 307 TER del Código Fiscal de la Ciudad de México”.
El artículo 307 TER fue integrado al Código Fiscal de la ciudad por el gobierno de Claudia Sheinbaum como parte de la propuesta de Paquete Económico para 2022 y fue aprobado por el Congreso local el 15 de diciembre de 2021. La medida obliga a empresas como Uber, Didi, Mercado Libre y Amazon a que paguen un 2% sobre sus comisiones por el aprovechamiento de la infraestructura pública de la CDMX.
Según el Código Fiscal de la ciudad, “el cobro es intransferible y no estará sujeto a traslación, ni deberá incluirse en el costo total a cargo del usuario, ni cobrarse a los terceros oferentes o a cualquier otro tercero que realice la entrega de paquetes, alimentos, víveres o cualquier tipo de mercancía”.
Saúl Gómez, repartidor de estas aplicaciones y fundador del colectivo Ni un Repartidor Menos, recuerda que los repartidores pagan 3% de ISR y 6% de IVA por las ganancias obtenidas con cada entrega. Para Gómez, pese a la restricción para transferir a terceros este impuesto, que él considera un “cobro de piso”, este puede verse reflejado en el incremento del precio para las empresas de bienes y servicios que utilizan el reparto de las plataformas y para los consumidores finales, lo que eventualmente repercutirá en los ingresos generados por los repartidores.
“Al final de cuentas nosotros estamos defendiendo nuestra chamba, no a las aplicaciones. Estamos defendiendo nuestro trabajo porque es fundamental y necesario hacerlo. Necesitamos construir una defensa del trabajo que hacemos porque si no nos van a pisotear con cualquier cosa”, dijo Gómez en entrevista.
Ni un Repartidor Menos es un colectivo fundado en 2018 a partir de la muerte de un repartidor. El colectivo coloca mochilas blancas a manera de testimonio por la muerte de repartidores mientras realizan su trabajo, por ejemplo por accidentes de tránsito, y lleva un registro de los repartidores fallecidos en hechos viales: 80 repartidores muertos desde 2018. El colectivo también trabaja en iniciativas que defienden los derechos laborales de los trabajadores que utilizan las plataformas.
El Economista
