Este lunes 17 de enero, Luis Echeverría Álvarez, el único expresidente mexicano que ha sido llevado ante la justicia por los delitos de lesa humanidad y genocidio, cargos que le fueron retirados por falta de pruebas, cumple 100 años de edad. Actor clave de las matanzas del 2 de octubre de 1968 y del 10 de junio de 1971, durante su sexenio se llevó a cabo una persecución y represión sistemática de los opositores del sistema, un pasaje obscuro conocido como la “guerra sucia”; desde que dejó el poder ha vivido alejado de los reflectores, confinado, repudiado por la sociedad y por su propia familia en una fortaleza de la soledad.
Hasta el 2018, cuando entró en vigor la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, a Luis Echeverría se le pagaron casi 80 millones de pesos por concepto de pensión presidencial en tres décadas; estas prestaciones significaron para el país un gasto estimado de 44.4 millones de pesos al año. El 31 de marzo de 1987 por acuerdo de Miguel de la Madrid Hurtado se estableció que los expresidentes disfrutarían de una pensión equivalente al sueldo total correspondiente a los servidores públicos que ocupan el cargo de secretario de Estado.
«Me parece que podemos esperar una relación de trabajo extremadamente feliz con Echeverría», indicó en octubre de 1969 el entonces embajador estadunidense en México, Robert McBride, en un telegrama enviado al Departamento de Estado, cuando se conoció la nominación del secretario de Gobernación como candidato presidencial del PRI.
Durante ese periodo Winston Scott Mackinley, jefe de la estación de la Agencia Central de Investigación (CIA, por sus siglas en inglés) en México de 1956 a 1969, reclutó como sus informantes bajo el nombre clave de Litempo, a los expresidentes Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría.En 2017, el gobierno Donald Trump desclasificó 2 mil 891 documentos sobre el magnicidio del presidente estadunidense John F. Kennedy en 1963. Uno de esos papeles confirmó que el priista era un informante de la CIA. El 23 de noviembre, un día después del asesinato ocurrido en Dallas, la estación de la agencia envió un cable a Echeverría, entonces encargado del despacho de la Secretaría de Gobernación para que se detuviera a Sylvia Tirado Bazán de Durán, una mujer que trabajó como secretaria del embajador de Cuba en nuestro país y que en septiembre de ese año había conocido a Lee Harvey Oswald a quien el gobierno estadunidense califica como el único autor del atentado presidencial. El documento 180-10142-10133 de la CIA revela que el subdirector de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), Fernando Gutiérrez Barrios la interrogó y permaneció incomunicada hasta que contó todo lo que sabía de Oswald, quien había visitado la Ciudad de México.
No hay ningún responsable en la cárcel por la masacre del 2 de octubre de 1968, donde oficialmente murieron una veintena de personas. Las organizaciones civiles dicen que fueron 200 o 350 los fallecidos, pero la cifra real es desconocida. Al rendir su informe presidencial, el presidente Gustavo Díaz Ordaz dijo que asumía “íntegramente la responsabilidad: personal, ética, social, jurídica, política e histórica, por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado”, exonerando así al entonces secretario de Gobernación, Luis Echeverría para poder sucederlo en el cargo.
Luis M. Farías, quien era líder de la Cámara de Diputados en ese año, declaró a Proceso en 1993 que «la mano dura en los hechos de Tlatelolco salió de la Secretaría de Gobernación» y que Luis Echeverría «aisló al presidente Díaz Ordaz y le tamizó la información sobre el movimiento estudiantil, para calentarle la cabeza y empujarlo a una solución violenta».
Como titular de la Segob, Echeverría fue responsable de la DFS, la policía política del régimen priista, encargada del seguimiento a los líderes del movimiento y aunque Díaz Ordaz asumió la responsabilidad de la represión, los estudiantes siempre señalaron a Echeverría como una de las cabezas detrás de la matanza. Lo mismo hizo, en 2002, la fiscalía encargada de investigar los delitos cometidos por el régimen priista, que lo procesó por genocidio y por el que tuvo prisión domiciliaria en 2009, a los 87 años.
De acuerdo con su carta de renuncia, dada a conocer por el fundador de Proceso, el periodista Julio Scherer García, en su libro Los patriotas. De Tlatelolco a la guerra sucia, Echeverría hizo suyas las acciones y decisiones de Díaz Ordaz.
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