La seguridad pública en Coahuila se convirtió en un asunto familiar desde antes de que la titular de la dependencia estatal del ramo, Sonia Villarreal Pérez, contrajera matrimonio con el director de la Policía Especializada –que depende de dicha instancia–, Jorge Miguel Barajas Hernández.
Además, pese a que la relación de ambos cruzó los límites familiares, llegó a la violación de derechos y a la comisión de delitos derivados del conflicto de interés y tráfico de influencias, el gobernador saliente, Miguel Ángel Riquelme, otorgó una protección especial para Barajas: mediante un decreto lo declaró “policía vitalicio” con diversos beneficios.
Riquelme Solís dio esa designación a pocas semanas de terminar su administración, e incluye a todo el equipo fundador del Grupo de Armas y Tácticas Especiales, los GATE. Cabe mencionar que el gobernador electo, Manolo Jiménez, heredará el problema a partir del 1 de diciembre, cuando asuma la gubernatura.
Barajas Hernández, conocido como el Hummer, obtuvo notoriedad desde 2009, cuando formó parte de la citada corporación que operó de manera ilegal en el estado y se le atribuyeron detenciones arbitrarias, homicidios, tortura y desapariciones, por lo que fue denunciada por delitos de lesa humanidad en el expediente presentado en 2017 en la Corte Penal Internacional.
Villarreal y Barajas se casaron en Piedras Negras, según el acta de matrimonio emitida por la Oficialía del Registro Civil 5, y registrada el 8 de abril último, pero la relación entre ambos era conocida varios años antes. Así lo demuestran los negocios que realizaban juntos y el hecho de que la funcionaria despachara la mayor parte del tiempo en dicha ciudad fronteriza.
La pareja es socia en Grupo Empresarial VIBA Clyn, SA de CV, creada el 28 de julio de 2021, dos años antes de su matrimonio, de acuerdo con documentos del Registro Público del Comercio, obtenidos por Proceso.
Dicha empresa fue formalizada ante la Notaría 123, a cargo de Georgina Cano Torralva, quien fuera compañera de bancada de Villarreal en la Sexagésima Legislatura (2015-2017), cuando ambas fueron diputadas por el Partido Revolucionario Institucional.
La titular de Seguridad negó dicha relación de socios en la empresa, misma que tiene como fin “la explotación comercial del ramo de tintorería y lavandería”.
Sin embargo, sus propósitos van más allá, también “presta toda clase de servicios sin limitativa: de administración, operación, mantenimiento, consultoría, promoción de negocios, técnicos, representación, servicios profesionales y técnicos, así como llevar a cabo todo tipo de actos de naturaleza civil o mercantil, comisiones mercantiles, de distribución, actuar como representante de ventas, de mediación, franquiciatario, o intermediario de personas físicas o morales, ya sean mexicanas o extranjeras, según sea necesario o conveniente para el desarrollo de todo tipo de negocios, sea cual sea su naturaleza”, entre los 10 objetos sociales registrados.
“Yo no tengo ninguna empresa con él (Barajas)”, dijo la secretaria Villarreal a pregunta expresa, luego de la graduación de policías estatales el 24 de octubre pasado.
Pero en VIBA Clyn ambos funcionarios cuentan con 50 acciones cada uno, que en total dan un capital social de 700 mil pesos, de acuerdo con el folio mercantil N-20211055748.
El año pasado, el 2 de agosto, Barajas Hernández realizó ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el registro de marca de otra empresa denominada Grúas Coahuila, documento del que obtuvo copia Proceso.
Esta misma empresa es a la que llaman los policías estatales y de la Agencia de Investigación Criminal cuando hay aseguramiento de vehículos involucrados en algún tipo de ilícito, para el traslado de éstos.
La abogada Ariana Denise García Bosque dio a conocer que uno de sus clientes le comentó del caso y que, cuando quisieron pagar por la liberación del vehículo, les pidieron hacer una transferencia electrónica. Fue ahí cuando se percataron de que la cuenta estaba a nombre del jefe policiaco.
“Cuando buscamos sacar el vehículo de una persona detenida, pero que no fue vinculada a proceso, se pagó un cobro excesivo por el uso de grúa y es cuando detectamos que esta empresa está a nombre de quien actualmente es funcionario en la Secretaría de Seguridad. Llama la atención que policías bajo su mando llamen a esta empresa que es de su propiedad, generando un beneficio directo para él. Con este hecho hablamos de la comisión de ilícitos como enriquecimiento, además de tráfico de influencias que debieran investigarse por la Fiscalía Anticorrupción”, dijo.
En un ejercicio de transparencia de información pública, la dependencia negó tener contratos con dicha empresa, mientras que la Fiscalía General de Coahuila no respondió a la solicitud.
Sin embargo, para la abogada esto implica mayores delitos porque se actúa a discreción para que el esposo de la secretaria de Seguridad resulte beneficiado en los casos de investigación por parte de la dependencia a su cargo.
También implica que las tareas de la dependencia, como el resguardo de vehículos, queden en manos supuestamente de particulares, pero que en realidad son los funcionarios responsables de las investigaciones.
Proceso
