Después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la penalización del aborto en el país el pasado martes 7 –al invalidar el artículo 196 del Código Penal de Coahuila, que imponía hasta tres años de cárcel a la mujer o persona gestante que interrumpiera de manera voluntaria su embarazo–, en las redes sociales se viralizó un argumento de la ministra Ana Margarita Ríos Farjat en defensa de la histórica decisión.
“Lo que hay, en cambio –dijo la ministra–, son sofismas de estar en contra de la vida, ya sea por ignorancia, por egoísmo o por otros prejuicios. Una visión que obnubila el problema de las personas con capacidad de gestar que se enfrentan a esta disyuntiva. Lo reduce a que es culpa de la ‘ignorancia’. Y viene entonces una paradoja: como es culpa de la ignorancia, la mujer tiene que ser sancionada con prisión.
“Si no es por ignorancia, es por mala o egoísta, porque las ‘buenas mujeres’ culminan la gestación y entregan en adopción al bebé. Otra simplificación. Como es moralmente mala, amerita prisión. Si no es por ignorante o por mala, entonces es por irresponsable o porque ‘no se cuidó’, pues por más desesperación o desolación que sienta, debería resistir. Si no resistió, entonces es promiscua e irresponsable: prisión.
Mientras la ministra argumentaba, afuera de la SCJN grupos católicos y conservadores autollamados “provida” y rebautizados por colectivas feministas como “anti-derechos”, protestaban por segundo día, pues desde la víspera se anticipaba el sentido de la resolución.
Al responder un cuestionario que le envió la reportera, Ríos Farjat indica que ese discurso surgió porque “una reflexión seria” sobre la interrupción legal del embarazo “sólo puede llevarse a cabo si se toma en cuenta que no es una decisión sencilla ni agradable, sino todo lo contrario”.
Más allá de las reacciones, para la abogada, quien además es poeta, la sentencia de la SCJN es histórica porque “es el primer pronunciamiento de un tribunal constitucional en Latinoamérica sobre el uso del derecho penal en relación con la interrupción voluntaria del embarazo, más allá del simple análisis de excluyentes de responsabilidad. Por primera vez se pone el énfasis en el reconocimiento del derecho a decidir y a la autonomía reproductiva de la mujer y de las personas gestantes”.
La sentencia también salda una deuda histórica. México es un país de tradición conservadora, con una fuerte influencia de la Iglesia Católica y leyes restrictivas en esta materia en muchos estados, aunque en los últimos años algunos congresos locales han aprobado la interrupción legal del embarazo. En julio pasado Veracruz se convirtió en el cuarto estado, después de Hidalgo (2021), Oaxaca (2019) y la Ciudad de México (2007).
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