Tema que da lustre a los informes de gobierno: La tasa de desocupación reportada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) al cierre del segundo semestre de este año es una de las más bajas en la historia reciente de este indicador en el país. En efecto, al ubicarse en 3.5% respecto de la Población Económicamente Activa (PEA), se tiene un indicador menor al de los Estados Unidos de América, país en el que en mayo fue de 4.3%, mientras que en Alemania se ubicó en 3.9%.
A pesar de lo anterior, es importante matizar la estadística con tres indicadores: 1) México carece de un robusto sistema de seguridad social que dé acceso al seguro de desempleo, pero tampoco asegura una jubilación y una vivienda digna, 2) las tasas de subocupación y de ocupación en el empleo informal son mucho más elevadas que en aquellos países y 3) los niveles salariales son totalmente incomparables respecto de aquellos países.
Primero, el empleo informal y la elusión de las leyes laborales afectan las prestaciones en seguridad social. El INEGI estima que del total de la PEA que se encuentra ocupada, 27% lo está en el sector informal de la economía, es decir, 14.07 millones de personas y que 57% (32.35 millones de personas) trabaja en condiciones de informalidad laboral, es decir, sin acceso a prestaciones. Sin embargo, algo que me parece más dramático aún, es que debido a la poca flexibilidad salarial y a la compleja legislación laboral mexicana, con base en datos del IMSS, alrededor de 60% de los empleadores mantiene registros de percepción salarial por debajo de la realidad (con o sin acuerdo con el trabajador) generando un hueco en las finanzas públicas, afectando la calidad de los servicios de seguridad social (además de que contamos con tres sistemas de seguridad social bastante cuestionables) pero además, el trabajador no adquiere derechos de jubilación y de vivienda adecuados. Tema que está tratándose precisamente en la renegociación del TLCAN como una exigencia del sector laboral norteamericano y canadiense.
Segundo, analicemos aquellos que tienen un empleo formal pero están subocupados. De acuerdo con INEGI, al cierre del mes de junio de 2017 fueron poco más de 91.1 millones personas mayores de 15 años. De ellos, alrededor de 54 millones (60%) forman parte de la PEA, y entre estas personas, 27.4 millones viven en localidades con 100 mil habitantes o más y 26.6 millones habitan en localidades de menos de 100 mil habitantes. Del total de la PEA, hay 52.2 millones de personas ocupadas y casi 1.9 millones se encuentran en condiciones de desocupación. Asimismo, es importante destacar que, alrededor del 90% del total de las personas desocupadas viven en localidades de 100 mil habitantes o más y el resto en localidades de menor dimensión. No obstante, a pesar de contar con tasas de desempleo de 3-4% (2 millones de personas) en promedio, la ENOE reporta que 47.9% de la PEA ocupada percibe ingresos por debajo de los dos salarios mínimos (160 pesos o menos al día), 21% percibe de dos a tres salarios mínimos (240 pesos diarios), 12.55% percibe entre tres y cinco salarios mínimos (entre 240 y 400 pesos diarios) y únicamente 5.3% gana 400 pesos o más al día. Es decir, la subocupación es un sesgo importante que llega a niveles de 7-8% de desocupación de la PEA y que es dramáticamente mayor que la registrada en otros países.
Tercero, si la gente no completa con los ingresos de uno o dos actividades laborales, esto nos muestra el paupérrimo nivel de los salarios que se obtienen por el trabajo desempeñado. Al respecto, el primer dato que es importante destacar es el relativo al número de personas que trabajan y que no reciben remuneraciones por su actividad, circunstancia en la que se encuentran 3.33 millones de personas, de las cuales 664 mil 934 habitan en localidades de 100 mil habitantes o más y 2.67 millones en localidades con menor población. Lo anterior refleja las condiciones de vulnerabilidad laboral que hay en ciudades medias y pequeñas, y más todavía en los ámbitos rurales e indígenas.
@leon_alvarez
