A tres años de la gestión de Alejandro Gertz Manero como Fiscal General de la República (FGR) la dependencia aún arrastra las deficiencias de la PGR, con una procuración de justicia que evade obligaciones institucionales sobre transparencia y rendición de cuentas, que ha frenado el diálogo con las víctimas, y que es acusada de ser empleada como herramienta política, alertaron expertos en el sistema penal.
Para los especialistas consultados por SinEmbargo, la Fiscalía de Gertz Manero ha incumplido el principio de autonomía, una característica que motivó desde hace años a la sociedad civil a exigir que desapareciera la Procuraduría General. Una muestra de ello, dijeron, es que la Fiscalía General no tiene avances significativos en casos de corrupción que impactan a nivel nacional, como las investigaciones abiertas contra Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, y la exsecretaria peñista Rosario Robles Berlanga; en cambio, la dependencia sí ha acelerado ciertos procesos como el cierre de la investigación contra el General Salvador Cienfuegos, además de girar órdenes de aprehensión contra exfuncionarios del Gobierno de Felipe Calderón por su presunta participación en el operativo “Rápido y Furioso”.
“Hasta hoy no tenemos ni una sola sentencia en casos de corrupción y peor aún, se está politizando. Lo que hemos visto recientemente y que vamos a ver los próximos dos años de cara a las elecciones es el peor escenario que es la politización. Tenemos a un Fiscal que lejos de usar su autonomía para realmente investigar casos de corrupción institucional y ser un contrapeso en el poder está haciendo las veces de persecución política, es decir, está siendo el perro guardián de la Presidencia de cara a las elecciones. Esto quedó muy claro con el anuncio de la investigación por el caso ‘Rápido y Furioso’”, dijo en entrevista Adriana Greaves, cofundadora de la organización Tojil.
Desde el 7 de enero, la FGR anunció que obtuvo órdenes de aprehensión contra siete personas, incluidos Joaquín Guzmán Loera, narcotraficante sentenciado en Estados Unidos (EU), el exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Genaro García Luna, y la mano derecha de éste último, Luis Cárdenas Palomino, todas ellas por su participación en el operativo de trasiego de armas. Especialistas en temas de seguridad consultados por este diario digital calificaron la decisión como “un show mediático y sensacionalista”, pero este lunes el Presidente López Obrador celebró que la Fiscalía tome cartas en el asunto.
Para Eduardo Rojas, abogado de la Fundación para la Justicia, que ha publicado informes sobre los primeros años de la gestión de Gertz Manero, aunque el Presidente asegura en sus discursos que hay temas en los que él no se involucra, “lo cierto es que en las mañaneras se está pronunciando acerca de qué rumbo deben tomar determinadas investigaciones”. Por ello, aseguró, la forma en la que la FGR ha tratado casos de relevancia nacional parece que atiende directamente a directrices que vienen desde Palacio Nacional, “en lugar de ser una Fiscalía autónoma que asuma los casos con garantías absolutas de objetividad”.
El actuar del Fiscal ha sido tan cuestionado que grupos de la sociedad civil exigieron durante 2021 que sea separado del cargo antes de concluir el periodo de nueve años para el que fue electo en enero de 2019. En contraste, el Presidente Andrés Manuel López Obrador mantiene su respaldo al exsecretario de Seguridad Pública de Vicente Fox, como aseguró en su conferencia matutina de este lunes donde expresó que confía en él.
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