La Arquidiócesis Primada de México emitió en 2022 el Protocolo de intervención por caso de abuso sexual de niño, niña, adolescente o persona vulnerable frente a los crecientes escándalos por acusaciones contra sacerdotes, curas y otros miembros de la Iglesia católica, pero organizaciones civiles y activistas denuncian que el libreto no es suficiente para atender la problemática de fondo y en su totalidad.
En un análisis del documento, la organización Spes Viva –que ha acompañado casos de abuso sexual cometidos por miembros del clero– indicó que el protocolo pareciera normalizar el delito al nombrar el crimen como una “parte de la realidad que vive la humanidad”; no indica el procedimiento a seguir cuando el abuso se produce en casas de formación religiosa femenina; ni considera la investigación de una cadena de responsabilidad frente a la comisión de los hechos; entre otras deficiencias.
“La praxis nos ha dicho que no hay mayor colaboración por parte de las autoridades eclesiásticas para que los sacerdotes sean sancionados. El protocolo lo establece, pero no deja claro en qué términos lo hará, y tampoco deja claro cómo acompañará a la víctima. Tampoco habla de un tema muy importante que es la reparación por los daños y perjuicios”, dijo en entrevista para SinEmbargo José Leonardo Araujo Araque, miembro de la organización y él mismo víctima de abuso sexual por parte del sacerdote mexicano Juan Huerta Ibarra.
En la lista de observaciones que hizo Spes Viva, también se contempla la falta de atención y seguimiento a víctimas “indirectas o colaterales”, familiares y personas cercanas a las víctimas directas que también viven los efectos del abuso y de un proceso de denuncia.
“La Iglesia católica es sumamente fuerte: es fuerte en lo religioso y es fuerte en lo social; y luego si acaso [una víctima o una familia] se atreven a denunciar, algunos solamente se quieren quedar con el proceso canónico, no irse a tribunales, y si se llegan a ir a tribunales muchas veces son disuadidos por llegar a acuerdos o porque son excluidos en la comunidad a la que pertenecen”, notó Cristina Sada Salinas, fundadora y presidenta de la asociación.
Entre las fallas del protocolo se incluye la no referencia a reparaciones de carácter civil por daños morales y materiales para una reparación integral del daño; y omisión del procedimiento para evitar que un sacerdote que haya sido expulsado del estado clerical se reinserte en la Iglesia al acudir a una diócesis lejana o en otro país y se le sea permitido el ejercicio del ministerio.
“¿Cómo garantiza el protocolo que el perpetrador se ponga a disposición de las autoridades penales del lugar donde aconteció el delito?”, cuestiona la asociación civil en un documento compartido con SinEmbargo. “¿Cómo evitar que un sacerdote que haya sido expulsado del estado clerical acuda a una diócesis lejana o en otro país (lo cual es una práctica recurrente) y le sea permitido el ejercicio del ministerio?”.
La organización reconoció que si bien la emisión del Protocolo es importante por ser la Arquidiócesis un ente con influencia a nivel nacional –pese a que sólo abarca la zona de la Ciudad de México y los alrededores–, pero remarcó que en su opinión, el Protocolo de Protección a Menores emitido en 2019 por la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) para su operación nacional es más avanzado.
Sin Embargo
