Son lugares prácticamente ajenos al escrutinio público y en la indefinición sobre qué instancias gubernamentales deberían supervisarlos.
Las clínicas de adicciones y de atención a la salud mental en el país son –en su mayoría– sitios donde la violación de derechos humanos (maltratos, hacinamientos, golpes, humillaciones y tratamientos que pueden equipararse a la tortura) es recurrente, de acuerdo con el seguimiento que les ha dado la organización Documenta.
La escasa infraestructura gubernamental para atender la salud mental y su alta concentración en las principales ciudades, señala Ángel Salvador Ferrer, coordinador del área de prevención de la tortura en Documenta, provoca la proliferación de centros de internamiento privados que, favorecidos por la escasa vigilancia, operan prácticamente en la clandestinidad, sin garantías suficientes para los internos ni responsabilidades legales. Su lógica es la ganancia, más que la atención de salud.
Oficialmente, la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) tiene registrados 266 centros privados de atención con tratamientos cuyo costo oscila entre 3 mil y 185 mil pesos. Sin embargo, la cifra de 24 clínicas que esta institución reporta para la Ciudad de México contrasta con las 199 que el gobierno capitalino asegura que existen. Según el directorio de Conadic, en Tlaxcala no hay registro de estos centros; en Guerrero, Quintana Roo y Tamaulipas sólo uno, aunque el reporte de esta última entidad indica que oficialmente hay 50.
“En este caos de datos oficiales se sabe que en realidad son muchas más en todo el país, en gran parte sin registro”, alerta Ferrer.
La dispersión de cifras revela, sin embargo, el vacío que prevalece y la escasa infraestructura pública para la salud mental. ¿Cuántos recursos se destinan a salud pública? El seguimiento de Documenta sobre las partidas asignadas muestra la escasa inversión, y los pocos datos al respecto se obtienen a cuentagotas mediante peticiones de información. En 2019 (el año más reciente con este desglose), Jalisco canalizó 0.76 por ciento del presupuesto a salud mental; Guanajuato, 0.16, y Nayarit, 0.13.
Esta carencia de atención pública reduce las opciones y produce que familiares desesperados por la adicción de sus hijos o con problemas de salud mental recurran a centros privados, cuyas condiciones de operación y nula supervisión generan entornos para violaciones de derechos humanos y se les recluya en condiciones insalubres.
“Incluso en muchos lugares se les extorsiona para que puedan salir porque los familiares los llevan ahí en su desesperación al no saber qué hacer con un pariente con uso problemático de drogas.
La Jornada
