El Congreso de Querétaro aprobó en fast track una Ley de Aguas que abre las puertas a la privatización de este derecho humano como ya sucede total y parcialmente en Puebla, Quintana Roo, Veracruz, Coahuila y Aguascalientes, donde los usuarios han padecido de cobros arbitrarios, cortes por impago y tandeos en manos de empresas sancionadas internacionalmente como Odebrecht o Acciona, y las francesas Suez y Veolia, han documentado académicos y colectivos.
Este 5 de junio, por ejemplo, a la par de la elección de Gobernador y Congreso estatal en Quintana Roo, también se celebrará una consulta popular sobre la permanencia de la empresa Aguakán que desde los noventa gestiona el servicio del agua en Benito Juárez, Isla Mujeres y Solidaridad con quejas ciudadanas por altas tarifas. Su dueño Jorge Ballesteros Franco fue demandado en Estados Unidos en 2001 por un abuso de información privilegiada.
El 19 de mayo los legisladores queretanos votaron a favor, sin parlamento abierto y en 48 horas, la “Ley que regula la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento”, la cual regula las concesión del servicio público hídrico (una competencia federal de la Comisión Nacional del Agua) y no incluye una gestión sustentable de la cuenca ante el cambio climático.
“La iniciativa aprobada fortalece la concesión del servicio público del agua a entes privados, en contrasentido de las necesidades de la realidad hídrica del estado”, observaron organizaciones como Agua para Todxs, Freshwater Action Network y Bajo Tierra Museo del Agua. “Querétaro necesita una Ley de Aguas, pero no es esta”.
Los artículos 6, 32 y 127 de esta Ley abordan que la Comisión Estatal de Aguas está facultada para otorgar concesiones para la prestación, total o parcial, de los servicios hídricos, pero ningún artículo define quiénes son o cómo se componen los concesionarios ni si será una concesión total (como sucede en Puebla y municipios de Quintana Roo) o parcial (como en Saltillo).
Para los colectivos, el Poder Legislativo estatal “perpetúa un modelo de manejo que agudiza la injusticia hídrica, el deterioro ambiental y los conflictos en un contexto de emergencia climática”, por lo que pidieron al Gobernador Mauricio Kuri González vetar la Ley, pero el Gobierno estatal del mandatario panista la publicó en el Diario oficial estatal el martes 24 de mayo.
Claudia Romero Herrera, abogada integrante de Bajo Tierra Museo de Agua en Querétaro, dijo en entrevista que esta Ley aprobada deja un “gran” margen de impunidad a los concesionarios que tomen el servicio de agua en materia de cobros arbitrarios o cortes por impago y/o sequía.
“La Ley no tiene una perspectiva de derecho humano al agua, entonces si un usuario tiene una arbitrariedad (corte, tandeo, tarifa desproporcional) no plantea con quién tiene que acudir. En la parte de los usuarios se centra más en sus obligaciones que en sus derechos, en cambio, en el caso de los concesionarios tiene varias disposiciones sobre posible revocación de concesión”, contrastó la abogada.
Y cuestionó que esta Ley invade la competencia de la Conagua, según el oficio B00.2.-080 que les respondió la dependencia el 19 mayo 2022. La Ley de Aguas Nacionales (1992) prohibe transferir las aguas a particulares para abastecer a la población, sólo se les otorgan concesiones para uso industrial o agroindustrial, y la Ley de Querétaro plantea que los particulares a los que se les concesione el servicio público deben mostrar su título de concesión; “entonces, legaliza lo que es ilegal según la Ley federal”, afirmó la abogada.
La comunidad otomí de Santiago Mexquititlán, Querétaro, coincidió en su rechazo a la privatización del agua queretana. El 9 de abril, la Caravana por el Agua y la Vida pasó por la zona, donde se ha registrado escasez de agua desde que la Comisión Estatal de Aguas tomó el control del pozo que era administrado comunitariamente.
“Como pueblos originarios, activistas, científicos y personas conscientes, nos indigna el despojo y saqueo del agua que llevan a cabo empresas millonarias, principalmente inmobiliarias, en nuestro estado”, expresaron en un comunicado.
En la capital de Querétaro, una ciudad que ha crecido 17 veces en su mancha urbana, pero sólo cuatro veces en población, más de 30 desarrollos habitacionales cuentan con autorización para ser abastecidos por 17 operadoras privadas, las cuales usan 28 millones de m3/año de agua mientras que empresas inmobiliarias controlan directamente más de 36 millones de m3/año, reveló la investigación “Acaparamiento de lo público” de Bajo Tierra, PODER y otras organizaciones.
“La operadora privada está permitiendo urbanizar y lucrar con el territorio. El agua se está convirtiendo en un insumo mercantil que forma parte de la lógica de producción del mercado de vivienda y de construcción”, dijo la abogada Claudia Romero.
Las operadoras Servicios Industriales Aquagenis, Operadora Querétaro Moderno, Hidro Corregidora y Abastecedora Queretana de Agua están vinculadas a Desarrollos Residenciales Turísticos, mientras que las operadoras Sistemas de Agua Querétaro, Desarrollos y Construcciones del Centro, Aquagenis y el Organismo Operador de Agua Administradora Queretana tienen relación con Desarrollos de Provincia Juriquilla.
Abastecedora Queretana de Agua (AQUAA), dice el documento, está señalada por cortes arbitrarios del suministro y coacción para la contratación en el fraccionamiento la Pradera, así como nula rendición de cuentas y Operadora Querétaro Moderno está señalada por desconexión arbitraria, contaminación y vertido de aguas residuales a cielo abierto. También Desarrollos y Construcciones del Centro señalado por tarifas excesivas.
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