«El error estratégico en el debate político y partidista de las reformas que involucran al sector generalizado de la seguridad interior ha radicado en el universo limitado de darle mayor o menor presencia a las Fuerzas Armadas regulares en tareas de seguridad pública que tienen que ver con la estabilidad socio-política y la soberanía de la República.
El registro que deslizó de manera pública la iniciativa para adscribir a la Guardia Nacional a la tutela de la Secretaría de la Defensa Nacional no ha sido evaluada en los debates parlamentarios: la existencia en México de un sector criminal en modo de poder cuasimilitar, es decir, si se contextualiza la afirmación gubernamental, un sector delictivo que le disputa hegemonía al Estado y a las instituciones, que tiene invadida toda La República y que su capacidad de fuego solo puede ser encarada por una asociación de la Guardia Nacional con el Ejército.
Asimismo, de manera engañosa, la oposición se ha negado a discutir el tema de la crisis de la seguridad pública en el escenario de su articulación con las otras dos seguridades: la interior y la nacional, de tal manera que se ha eludido la existencia de un crimen organizado que está quitándole dominio soberano al Estado en porciones del territorio nacional»: Carlos Ramírez.
