Al entonces presidente Ernesto Zedillo no le tembló la mano para cerrar el 1 de enero de 1995 y durante un mes la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, mediante la figura de jubilación inmediata, separar de su cargo a sus 26 ministros. Sucedió en 26 días: el primer mandatario firmó la iniciativa y promulgó las reformas a 20 artículos constitucionales aprobadas por senadores, diputados y la mayoría de los congresos locales, cuya génesis tomó 52 días (del 5 de diciembre de 1994 al 26 de enero de 1995). Entonces no se escucharon las expresiones corrupción, tráfico de influencias, compadrazgos, plagio de tesis, liberación judicial de cuentas bloqueadas a narcotraficantes y sus cómplices, o algo por el estilo. El argumento formal fue: es una respuesta a la exigencia ciudadana de una mejor impartición de justicia. La interpretación generalizada fue: Zedillo no quiere una Corte integrada por ministros nombrados por los expresidentes Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari.
Los medios poca atención dieron a tremenda situación. Había otros temas que convulsionaban al país: la economía colapsaba por el llamado “error de diciembre” que ocasionó devaluaciones y fuga de capitales, atribuídas a que el fugaz secretario de Hacienda, Jaime Serra Puche, compartió información estratégica. También, a la vigencia del EZLN y la cercana revelación de la identidad del subcomandante Marcos. Otra incertidumbre, era si el entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, y el FMI salvarían o no a México con créditos que llegaron a ser por más de 60 mil millones de dólares.
Zedillo había sido electo presidente el 21 de agosto, postulado por el PRI después del asesinato del candidato Luis Donaldo Colosio, en marzo de ese año. Ese partido tenía la mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado. La oposición de izquierda representada por el PRD y el PT era poco determinante; en las votaciones sobre la reforma al Poder Judicial, el PAN fue de la mano con el PRI. El periodista Froylán López Narváez acuñó entonces el vocablo PRIAN.
La reforma al Poder Judicial incluyó la reducción de 26 a 11 el número de ministros integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, incluyendo su presidente. Creación del Consejo de la Judicatura, incorporación de nuevos recursos como la controversia constitucional y acciones de inconstitucionalidad, jubilación inmediata de los 26 ministros y, establece un límite de 15 años para ocupar el cargo que antes era vitalicio.
En varios sectores, la supresión temporal de la Corte y designación de 11 nuevos ministros fue considerada como un golpe de Estado de Zedillo, según lo sustentaron los académicos Guillermo Ruiz Morales y Alberto Rocha Arrieta, juristas de la UAM-Azcapotzalco en el trabajo “La reforma al Poder Judicial de 1994, ¿un golpe de Estado?”, El Cotidiano, número 172, marzo-abril de 2012, pp. 18-31, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco Distrito Federal, México.
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