El asesinato de Javier Valdez y de Miroslava Breach han calado hondo en la opinión pública y en el quehacer periodístico nacional e internacional. No se trata de los únicos y merece la pena que se reconozca el trabajo de muchos otros periodistas quienes sin el mismo reflector y sin estar cobijados por medios de comunicación de alcance nacional, diariamente se juegan la vida por ejercer una profesión, que es, sin duda, de las más hermosas y apasionantes del mundo.
No es gratuito que grandes monstruos de la literatura primero pulieron su prosa, versos y narrativa al amparo de una máquina de escribir ejerciendo el periodismo puro.
Considerar que el único móvil de estos crímenes son reacciones del “crimen organizado” o la “delincuencia organizada” es muy reduccionista; como lo es, también, solicitar apoyo gubernamental y garantías para ejercer la profesión al gobierno. Eso es intentar tapar el sol con un dedo. Hace tiempo que estamos extraviados.
Para nadie es una novedad que seis (6) de cada diez (10) ataques contra periodistas vienen de la clase gobernante, de políticos o de gente poderosa (empresarios) quienes se ven afectados cuando se destapan asuntos de corrupción o relaciones poco claras con y en la política. Me resulta poco convincente que a estas alturas el crimen organizado necesite mostrarnos su fuerza de esta forma.
Desde mi humilde perspectiva, estos lamentables hechos ponen en tela de juicio tres grandes tópicos no resueltos y que poco a poco han mermado la credibilidad institucional al tiempo que aniquilan la moral ciudadana:
i) Es hora de revisar resultados, narrativa, objetivos, elementos y alcances de la guerra contra el narcotráfico. Han pasado diez (10) años, lo militares siguen en las calles, las policías locales sin hacerse responsables al igual que sus gobiernos y el narcotráfico sigue intacto. Más bien, fragmentado, más violento, al cobijo de múltiples líderes y posicionados en diversas y distintas plazas delinquiendo no solo con estupefacientes, sino haciendo gala de diversidad criminal: extorsiones, secuestro, derecho de piso, trata de blancas, robo de vehículos, entre otros. Los hechos y los números son contundentes y ese gran mercado negro mantiene su poder corruptor intacto.
ii) No está en riesgo la libertad de expresión sino el derecho a informarnos. Paradójicamente, hoy que tenemos una sobre-exposición a las redes sociales y acceso en tiempo real a los acontecimientos del mundo –hasta hace poco impensable-, no es la libertad para expresarnos lo que está en peligro. Lo que verdaderamente está en riesgo es la posibilidad que tenemos los ciudadanos de acceder a información que antes era reservada para ciertos ámbitos: político, gubernamental, empresarial, judicial, entre otros. Ante estos ataques a los comunicadores –que no a los medios de comunicación-, se busca que el verdadero periodismo termine por autocensurarse, no decir lo que tiene que decir, por callarse; y los privilegiados, mantener y multiplicar sus cotos de poder. Seguir intactos.
iii) La relación del gobierno con los medios de comunicación debe ser democrática, equitativa, incluyente y tolerante. Necesitamos medios de comunicación profesionales, con la suficiente libertad y fortaleza institucional para ser un contrapeso natural del apetito público por los excesos de cualquier índole: económica, política, social y judicial. Es necesario democratizar y transparentar los recursos públicos destinados a la comunicación social y a la propaganda gubernamental para evitar precisamente el uso indebido del poder político. Esto es una condición necesaria para alentar la democracia, la equidad y el equilibrio de contenidos. Una prensa libre y fuerte es la mejor contraloría que puede tener un gobernante; a menos, claro está, que necesite de adulación, aplausos, halagos y lisonjas.
En este contexto, me resulta poco creíble que el modus operandi del crimen organizado para mostrar su poder sea atacar periodistas.
@leon_alvarez
