Detrás del discurso oficial de modernidad y la retórica de la «Gran Familia», el Municipio de Durango esconde una realidad financiera insostenible. Mientras la ciudad sufre el colapso de su red hídrica, la proliferación de socavones y el secuestro del transporte público, la administración de José Antonio Ochoa ha diseñado una agresiva maquinaria de extracción fiscal.
En este análisis crítico y fundamentado, Leonardo Álvarez desnuda las cifras que la Auditoría Superior del Estado (ASED) ha documentado:
- Un golpe al bolsillo ciudadano a través del «Predialazo», injustificable frente a la contratación de $230 millones en nueva deuda.
- La transformación de las partidas de «Servicios Oficiales» y «Ayudas Sociales» en un cajero automático con incrementos superiores al 580%, destinado a comprar estructura política.
- Un daño observado a la Hacienda Pública que rebasa los $233.2 millones de pesos acumulados (2022-2024), superando con creces los desastres financieros de administraciones pasadas.
¿Estamos ante un gobierno ciudadano o frente a un comité de campaña permanente financiado con nuestros impuestos rumbo al 2028?
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