En el análisis riguroso de las finanzas públicas, los números no admiten matices políticos ni narrativas de redención. Los datos más recientes emitidos por la Auditoría Superior del Estado de Durango (ASED), con cierre a diciembre de 2025, no solo sepultan cualquier discurso de rectificación administrativa, sino que documentan la consolidación de un modelo sistemático de opacidad financiera. Bajo la gestión del alcalde José Antonio Ochoa, el acumulado de observaciones ha escalado a la astronómica y condenable cifra de $363,322,790 MXN. Estamos ante un pasivo histórico que asfixia la viabilidad económica de la ciudad.
Lejos de representar una corrección en el control interno, las cifras del 2025 revelan una sofisticación técnica en el rediseño del desfalco. La administración ha ejecutado una peligrosa mutación en su ingeniería contable para esconder el gasto.
La Obra Pública como Lavandería Financiera
En 2024, el daño financiero manchó áreas de alta sensibilidad social, detonando escándalos en el DIF Municipal y el INMUVI. Para 2025, la administración cerró esas válvulas y ejecutó un cambio estratégico: centralizar la «caja negra» exclusivamente en los contratos de construcción.
- Hacienda Pública Financiera y de Obra: Este rubro explotó hasta alcanzar los $122,884,121 MXN durante el ejercicio 2025.
- Esta cifra representa el 94.5% del total de las observaciones generadas en ese año, las cuales ascendieron a $130 millones de pesos.
- Desde la perspectiva económica, concentrar el daño en infraestructura obedece a una táctica contable clásica: es el sector donde resulta más fácil simular sobrecostos, justificar adjudicaciones directas apelando a «urgencias» o solventar irregularidades a posteriori mediante la fabricación de bitácoras falsas.
Paralelamente, observamos un «espejismo» social. Las observaciones del DIF Municipal cayeron a $2.2 millones, y las del INMUVI a $346 mil pesos en 2025. Este descenso no responde a una mejora en el control interno o a una súbita eficiencia administrativa. Responde a una decisión calculada para evitar el costo político de lucrar contablemente con los más vulnerables, trasladando el boquete financiero a los cimientos de la obra pública. Adicionalmente, surge un nuevo foco rojo: Aguas del Municipio de Durango (AMD), una institución descentralizada clave que pasó de $688 mil pesos observados en 2024 a fugas financieras por $3,039,862 MXN en 2025.
La Aceleración del Riesgo en el Segundo Mandato
La reelección, lejos de incentivar la responsabilidad fiscal, trajo consigo una alarmante aceleración en el daño al erario. Las observaciones generadas únicamente en 2025 ($130,025,461 MXN) representan el 56% de todas las que la administración generó durante sus tres primeros años (septiembre 2022 – diciembre 2024).
El dato que verdaderamente define el nivel de riesgo crítico se concentra en el arranque del segundo mandato. Durante el primer cuatrimestre de esta nueva etapa (septiembre a diciembre de 2025), la administración de Toño Ochoa sumó $67,356,802 MXN en observaciones. Para dimensionar este desastre en su contexto histórico: en solo cuatro meses, el actual gobierno superó la totalidad del daño financiero acumulado por Jorge Salum en tres años ($18.2 millones) y rebasó el cuestionado cierre de gestión de Esteban Villegas ($50.8 millones). Iniciar un periodo con más de 67 millones de pesos extraviados es la prueba irrefutable de una inercia de impunidad que no pretende frenarse.
Complicidad Institucional y Factura Ciudadana
Este colapso contable es insostenible sin la inacción de los órganos de control. El análisis de estas cifras nos lleva a conclusiones contundentes sobre el estado de derecho fiscal en Durango:
- La ASED opera como forense, no como auditor: El órgano fiscalizador ha abandonado los principios de prevención y oportunidad. Permitir la transferencia de un boquete de 122 millones de pesos hacia la Obra Pública sin emitir alertas tempranas ni congelar cuentas, demuestra que la ASED se limita a contar los daños cuando el dinero ya ha desaparecido.
- Impunidad sistémica: Cruzar la barrera de los 363 millones de pesos en observaciones sin enfrentar inhabilitaciones, procesos penales o la intervención del Congreso del Estado, hace evidente un pacto de silencio institucional. La fiscalización se ha reducido a un trámite carente de «dientes» legales.
Finalmente, el verdadero drama económico recae en el ciudadano. La administración impulsó una Ley de Ingresos 2026 agresiva y, de manera paralela, aseguró la aprobación de una nueva ampliación de deuda por 230 millones de pesos. La matemática de esta maniobra es criminal. El municipio no se endeuda por una falla en la recaudación; se endeuda para rellenar un hoyo negro financiero que tan solo en 2025 devoró 130 millones de pesos adicionales.
Hoy, los duranguenses están pagando, a través de sus impuestos y del compromiso de sus recursos futuros, la factura de las observaciones toleradas por la ASED. La evidencia fiscal es irrefutable: estamos frente a la administración financieramente más tóxica y riesgosa en la historia reciente de Durango, operando a máxima velocidad y con total impunidad en su segundo periodo.
Leonardo Álvarez / leonardo.alvarez@gdinnovaciones.com
