El Congreso de Tamaulipas planea modificaciones constitucionales con las que se prevé proteger con escoltas a los servidores públicos en funciones o retirados, entre ellos al gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, más allá del tiempo posterior equivalente al que ocupó en el cargo, lo que podría generarle seguridad de por vida, con cargo al erario.
La propuesta, presentada por el priista Florentino Aarón Sáenz Cobos, tiene, como evidente propósito, beneficiar al actual mandatario panista, que en septiembre del 2022 deja el cargo y quien, como algunos otros trabajadores de Tamaulipas que resultarán beneficiados, “se encuentran en riesgo” por su persecución y combate al delito, particularmente al crimen organizado.
“Mi postura es invitarlos a que nos posicionemos a favor esta propuesta, toda vez que las actividades de procuración de justicia y seguridad, en especial aquellas que buscan combatir la delincuencia organizada y al narcotráfico, constituyen un alto riesgo para la vida e integridad corporal de los servidores públicos a cargo de las funciones de investigación y persecución de delitos, particularmente de los cometidos por organizaciones criminales altamente sofisticadas”, expuso el tricolor.
En esta modificación a Leyes locales, que se promueve días antes de que termine el 30 de septiembre la actual legislatura de mayoría panista, antes de que ingrese la de mayoría morenista al día siguiente, daría servicio de guardaspaldas, así como coches y demás insumos para la eficiente protección del servidor público, sus parejas y familiares en primer grado mientras la Secretaría de Seguridad Pública en su evaluación lo considere necesario.
La diputada Ester García Ancira, de Morena, criticó ayer la medida por su ambigüedad, pues la extensión de los plazos de protección pueden hacer que el Estado termine pagándoles de por vida la protección a sus servidores públicos.
Por su parte el panista Alberto Lara Bazaldúa, quien dijo que no conoce totalmente la propuesta, señaló que ya existe legislación que protege a los servidores públicos en la entidad dentro de la Ley de Seguridad Pública local que, en el caso del mandatario, debiera ser de seis años, sin que se conozca con precisión cómo se aplicaría el criterio de “condiciones de riesgo” que se alude en la propuesta para hacer efectiva una postergación de la protección.
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