La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) presenta un rezago de 29 pagos por el servicio de arrendamiento de las 256 videocámaras de vigilancia urbana, colocadas en diferentes puntos del estado de Durango, un monto de más de 161 millones de pesos.
El equipamiento de seguridad fue adquirido bajo cuestionamientos de la oposición a mediados de 2019, por la falta de transparencia en dicho procedimiento y que dos años después se mantiene en opacidad.
De acuerdo con medios locales, el gobierno estatal estaría imposibilitado para concretar dicha compra durante el mes de junio.
Cabe recordar que a finales de mayo de 2019, el gobernador José Aispuro Torres anunció que se reforzaría la vigilancia en Durango, mediante la adquisición de cuatro arcos de seguridad y 256 videocámaras que estarían conectadas al Centro de Coordinación Integral, Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C5) «para dar respuesta a la demanda en materia seguridad que requiere la comunidad y concentrar la información que requieren las corporaciones».
Además precisó que en la capital instalarían 127 cámaras nuevas; en Gómez Palacio otras 34 nuevas y 16 en Lerdo.
Fue hasta noviembre de ese mismo año cuando la Secretaría de Seguridad Pública emitió los documentos que ofrecieron dos datos concluyentes: no existía evidencia alguna de compra de arcos de seguridad y las 256 videocámaras no fueron compradas «de contado» sino mediante esquema de arrendamiento.
El documento proporcionado por la Secretaría fue el contrato de «arrendamiento plurianual de equipo para video vigilancia C5 NIT Durango (sic)», signado el 30 de abril del 2019 entre el entonces Secretario de Seguridad Pública y hoy diputado federal, Javier Castrellón Garza, así como el secretario de Finanzas y Administración, Jesús Arturo Díaz Medina, y la empresa Interconecta, S. A. de C. V.
El monto del contrato fue por la cantidad de 150 millones 289 mil 999 pesos; a esa cifra se sumaron otros 24 millones 526 mil 399 pesos por concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Es decir, el total del documento ascendió a 177 millones 816 mil 399 pesos.
En ese contrato, el gobierno del estado, a través de la SSP, tomó en arrendamiento el equipo para «uso y goce temporal», obligándose a pagar las 32 rentas mensuales, que fueron fijadas en cinco millones 556 mil 762 pesos cada una, ya con IVA incluido. El contrato puntualizó que dicha renta debía pagarse dentro de los 20 días naturales posteriores a la entrega de la factura correspondiente.
Pero los primeros seis meses de vigencia serían utilizados para la instalación del equipo arrendado por parte de la empresa Interconecta, con su respectivo «hardware, software, soporte técnico a todo nivel y mantenimiento».
Además, la vigencia del contrato fue firmada desde el 1 de mayo del año 2019 hasta el 30 de junio del 2022; una vez terminado este periodo de contratación, el proveedor se comprometía a entregar en propiedad a través de donación al Gobierno estatal, a través de la SSP, «la totalidad de los bienes arrendados y elementos necesarios para su funcionamiento, esto siempre y cuando el contratante cubra la totalidad de las rentas». Lo cual no ocurrió.
