Bajo la figura de amicus curiae o “amigos de la corte”, Belice, Bermudas, Antigua y Barbuda, organizaciones civiles antibélicas, así como 25 fiscales y 14 procuradores estadunidenses respaldaron a México para fortalecer la demanda contra fabricantes de armas por comercio negligente.
Ante las mociones de desestimación que han presentado los equipos legales de las armerías destaca el apoyo de Chesa Boudin, fiscal de distrito en San Francisco, quien señaló que los artefactos traficados por la frontera gracias a las prácticas ilegales de las empresas terminan en manos de los cárteles.
Maura Healey, la procuradora general de Massachusetts, es quien encabezó la petición de parte del grupo de fiscales estatales de amicus curiae ante la Corte en Boston, donde desde agosto está alojada la demanda del gobierno mexicano.
California, Connecticut, Delaware, el Distrito de Columbia, Hawái, Illinois, Maryland, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York y Oregón son las otras entidades que apoyan al país a través de sus procuradurías estatales.
Los fiscales explican a la Corte por qué la interpretación de las empresas demandadas por la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés) se desvía del texto llano del estatuto, de la intención del Congreso al promulgar esa ley y de las normas de construcción estatutaria fundamentales para el sistema federal de gobierno.
“Explicamos que el PLCAA preserva el derecho de los demandantes a ejercitar acciones alegando violaciones conscientes de los estatutos estatales aplicables a la venta o comercialización de armas de fuego, incluyendo los estatutos de protección al consumidor de aplicación general”, señalan.
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