El 16 de diciembre de 2010, cuando Chihuahua era el epicentro del fracaso de la guerra sin cuartel contra el narcotráfico que lanzó el entonces presidente Felipe Calderón, fue ejecutada a sangre fría, con un disparo en la cabeza, la activista y defensora de derechos humanos Marisela Escobedo Ortiz.
La señora Escobedo Ortiz exigía justicia por el asesinato de su hija Rubí, a quien en 2008, en Ciudad Juárez, le quitó la vida su novio Sergio Rafael Barraza Bocanegra, absuelto de manera increíble por decisión unánime de tres jueces de la entidad.
El crimen de Marisela, que ocurrió frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, fue captado por las cámaras de seguridad. Su transmisión en los medios de comunicación sacudió a la sociedad mexicana porque exponía a un Estado fallido y una ola criminal con capacidad y poder para matar a quien fuera, incluso frente a un edificio que se supone representa el poder y la justicia.
En diciembre de 2011, a días de la conmemoración del primer aniversario del asesinato de Escobedo Ortiz, la Fiscalía del Estado de Chihuahua presentó (muerto) a Héctor Miguel Flores Morán, El Payaso, como autor material del crimen.
En ese momento las autoridades estatales informaron que el inculpado pertenecía a una banda delincuencial relacionada con La Línea, organización dependiente y brazo ejecutor (sicarios) del Cártel de Juárez.
Las facciones del Payaso, de acuerdo siempre con la información que proporcionó aquella ocasión el gobierno chihuahuense, encajaban con el retrato hablado que se elaboró del asesino de Escobedo Ortiz.
Otro atenuante con el que la autoridad quiso dar por cerrado el caso fue que al supuesto ejecutor se le encontró el arma con la que privó de la vida a la activista.
Familiares de Escobedo Ortiz y abogados defensores de derechos humanos siempre dudaron de que El Payaso fuera el autor material de ese crimen de gran relevancia nacional.
En 2012, por petición y exigencia de la Fiscalía del estado –y ante su incapacidad para contener la violencia relacionada con el tráfico nacional e internacional de drogas–, llegaron a Chihuahua los policías federales Raúl Ávila Ibarra y Nicolás González Perrin.
Ambos federales arribaron en calidad de préstamo y se integraron de inmediato a la Policía Estatal Única (PEU).
Ávila Ibarra fue designado director general y González Perrin director de la División Preventiva de la PEU. A su equipo se incorporó Jaime Avilés Castañeda, quien fungió como encargado del Grupo de Análisis. Dentro de la PEU había otras dos divisiones, la de Vialidad y la de Reacción.
Cuando la PEU comenzó a funcionar en Chihuahua bajo el comando de Ávila Ibarra y las operaciones de González Perrin, se les dio prioridad a los casos relevantes relacionados con los homicidios. La dupla de federales, con la colaboración de Avilés Castañeda, determinó “investigar” los expedientes etiquetados como “urgentes”, y entre éstos el del asesinato de Escobedo Ortiz, pese a que la fiscalía estatal lo había dado por cerrado ante los medios de comunicación. Los oficiales recién llegados reabrieron el caso e iniciaron nuevas avenidas de investigación. Empezaron por revisar con detalle los informes sobre la ejecución del Payaso, la minucia pericial que concluyó que la fisonomía del presunto homicida ejecutado coincidía con la del retrato hablado del ejecutor de Escobedo Ortiz, así como la correspondiente al arma que se encontró junto al cuerpo del ejecutado, en la cual se determinó que era la misma con la que ultimaron a la activista.
En entrevista, uno de los dos federales a cargo de la PEU, quien optó por mantener su identidad bajo anonimato, explicó:
La fiscalía especializada que averiguó el caso del Payaso afirmó que su fisonomía coincidía en 80% con la de la persona del retrato hablado, por ello se concluyó que era el asesino de la señora Marisela. La verdadera razón del fallo consistía en quitarle presión política al gobierno de César Duarte Jáquez. Desde la esfera presidencial le exigían que resolviera lo antes posible el asesinato.
Conforme pasaron las primeras semanas de operación del equipo de Ávila Ibarra, en Chihuahua aumentó el arresto de integrantes de Los Aztecas, organización criminal relacionada con el tráfico de enervantes y con la ejecución de personas por encargo.
En la División Preventiva, González Perrin ordenó a sus subalternos interrogar a todos los detenidos e investigar cualquier indicio relacionado con otros casos. La intención fue entrelazar nombres, apodos y apellidos de otros delincuentes que presuntamente podrían estar involucrados en asesinatos que pertenecían al cúmulo de expedientes etiquetados como urgentes.
De acuerdo con la investigación realizada por la PEU sobre el caso de Escobedo Ortiz –cuyos detalles no se habían hecho públicos hasta la publicación de este trabajo–, varios integrantes detenidos de Los Aztecas aseguraron durante los interrogatorios a los que fueron sometidos por la gente de González Perrin que el asesino de la activista no había sido El Payaso, que al verdadero sicario que la mató lo apodaban El Wicked. De inmediato la PEU abrió un expediente judicial sobre el sujeto de quien sólo conocían el alias.
Proceso
