Empresarios y un grupo de operadores de bajo perfil que acompañaron a Enrique Peña Nieto desde su gobierno en el Estado de México, se encuentran bajo investigación por triangulaciones de fondos que son consideradas operaciones irregulares y probablemente constitutivas de delitos.
De acuerdo a información obtenida por Proceso, las investigaciones que se realizan en México y el extranjero, apuntan a un entramado de relaciones cuyo rastreo inició desde 2020 en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la secretaría de Hacienda, revelada el pasado jueves por el titular de la dependencia, Pablo Gómez Álvarez.
Entre los empresarios destacan tres de los consentidos en los gobiernos local y federal peñista, que son parte de la elite mexiquense:
Se trata de Héctor Alfonso Maccise Yitani, actualmente radicado como el propio Peña Nieto, en Madrid, donde se dedica al ramo inmobiliario como lo hacía desde hace años en México y Estados Unidos; el otro es José Miguel Bejos, del Grupo Promotor de Desarrollo e Infraestructura (Prodi) ampliamente favorecido con contratos de obra el sexenio pasado y, el tercero, es Edgar Farah, el propietario de la firma de publicidad Cinco M Dos, que además de la publicidad visual en el Metrobús de la Ciudad de México, adquirió en 2017 el Grupo Expansión.
Las operaciones de esos empresarios se relacionan con Enrique Peña Nieto a través de un grupo de incondicionales, la mayoría de bajo perfil, entre los investigados destacan acaso dos: Erwin Lino, poderoso secretario particular de Peña Nieto y Alejandra Lagunes, la responsable de estrategia digital del sexenio.
Como advirtió Pablo Gómez en la versión pública del asunto, varios de los implicados se relacionan con Arturo, hermano Enrique Peña Nieto, que habría recibido 29 millones de pesos de manera idéntica y con la misma fuente, “una familiar” que le depositó 26 millones de pesos al expresidente.
Las operaciones por triangulación de fondos y movimientos dentro del sistema financiero que se encuentran bajo investigación, tienen un primer asidero en las declaraciones del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, quien acusó directamente a Erwin Lino, de estar relacionado con las operaciones de Guerrero Negro y el caso del coloquialmente llamado “huachicol de la sal”.
En una entrevista con W Radio, para el programa Así las cosas, Nieto Castillo sostuvo que las investigaciones iniciaron precisamente en relación al caso Odebrecht-Lozoya, aunque no abundó en detalles.
De acuerdo a la información a la que Proceso tuvo acceso, el asunto inició por el manejo que se le dio a la planta de Guerrero Negro, en Baja California Sur, e identifica a Jorge Francisco Corona Méndez, secretario auxiliar de Peña Nieto durante 15 años, es decir, desde los tiempos en que fue candidato a diputado local hasta concluir su sexenio como Presidente de México.
Corona se convirtió en diputado federal en 2019, al solicitar licencia al cargo Jorge Emilio González Márquez “El Niño Verde” de quien era suplente. Aun con el fuero, el caso de Guerrero Negro, que es la salinera más grande del mundo, se mantuvo abierto, bajo una línea de investigación que intenta ubicar los fondos obtenidos del comercio ilegal de miles de toneladas de sal en aguas internacionales.
En tanto, la vertiente inmobiliaria tiene varias aristas en cuanto a los dos excolaboradores de Peña Nieto:
La primera es por la mansión de Erwin Lino en el fraccionamiento Los Encinos, escapó a los escándalos de las casas que detonó en noviembre de 2014, tras la revelación del reportaje “La casa blanca de Peña Nieto”. Sin embargo, en 2019 un robo a la residencia de Lino fue ampliamente comentado en el ámbito mexiquense –y de eso tomó nota la UIF—aunque habría sido silenciado en medios.
Otra vertiente es por el interés de ambos, Lino y Corona, por la adquisición de fiats notariales para parientes y amigos. En 2017, se produjo un breve escándalo tras la acusación de un abogado contra el gobernador mexiquense, primo de Peña Nieto, Alfredo del Mazo, quien concedió los codiciados fiats al sobrino de Erwin Lino, Ricardo Giovanni Arredondo Lino, así como a Beatriz Mercedes Corona Mercado, hija de Jorge Corona.
La tercera es por una enorme residencia de Erwin Lino en The Woodlands, un suburbio de Houston Texas, en el condado de Montgomery, famoso por la abundancia de residencias de las elites mexicanas que, a partir de la violencia detonada en 2006 iniciaron su éxodo a fraccionamientos similares en San Antonio, Houston, Austin y el llamado Valle de Texas, cuyo común denominador es también uno de los que se presentan en el caso de la investigación con Peña Nieto: el golf.
Proceso
