María de la Luz Mijangos Borja, titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (Femcc), afirmó que nuestros objetivos los tenemos muy claros: combatir los actos individuales, pero sobre todo avanzar en el desmantelamiento del Estado corrupto. Para eso hemos trazado estrategias contra la corrupción sistémica que afecta a la sociedad en su conjunto; si pudiéramos acabar con todos esos contratos que no son benéficos para el país, simplemente, por ejemplo, no necesitaríamos la reforma eléctrica, porque se firmaron acuerdos que no son a favor de los interés del Estado mexicano.
En entrevista con La Jornada, la funcionaria dijo que entre los resultados obtenidos por esta área de la Fiscalía General de la República (FGR) se puede señalar que de diciembre 2021 a julio de 2022 se han finalizado siete carpetas de investigación mediante acuerdo reparatorio que han permitido la recuperación de 13 mil 310 millones 304 mil 910 pesos.
El acuerdo de mayor monto representó un ahorro de 299 millones 60 mil dólares (equivalente a 6 mil 113 millones 474 mil 299 pesos) para Pemex, dado que la imputada se obligó a cumplir obligaciones pendientes por ese monto; este caso se refiere a la fallida adquisición de carros tanque durante la gestión de Emilio Lozoya Austin como director de la petrolera.
Además, derivado de una carpeta de investigación iniciada en esa fiscalía, Pemex logró la firma de un acuerdo reparatorio trasnacional por 351 millones 997 mil 142 dólares, equivalente a 7 mil 195 millones 631 mil 175 pesos.
Mijangos Borja habló de la posibilidad de crear áreas específicas que indaguen –en coordinación con otras fiscalías– grandes casos de corrupción, como el llamado cártel de la sangre, que involucra a empresas dedicadas a vender insumos de laboratorio y para bancos de plasma en el que simulan actos de competencia.
También el otorgamiento de contratos multianuales por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Pemex con empresas que no prestan sus servicios, pero cuyos convenios están hechos de tal manera que el gobierno debe seguir pagando porque así lo acordaron anteriores administraciones, además de perseguir casos de defraudación fiscal a gran escala o la obtención de pensiones por montos ilícitos gracias a redes de connivencia.
La Jornada
