El pasado 13 de octubre el Ministerio de Inteligencia israelí propuso un plan de “transfer” o expulsión forzosa de los 2,3 millones de palestinos/as de Gaza, es decir, la limpieza étnica de toda la población palestina de dicho territorio.
Aunque se trata de un documento no vinculante, y debería contar con el beneplácito de Egipto (potencia aliada de Israel), los palestinos ya vivieron una limpieza étnica en torno a 1948. Entonces fueron expulsadas más de 700 mil personas, que constituían más de la población autóctona o nativa de lo que hoy es Israel. Se destruyeron entre 530 (según los cálculos del historiador palestino Salman Abu-Sitta) y 613 localidades palestinas (son las cifras de las últimas investigaciones realizadas por el israelí Eitan Bronstein). Y tuvieron lugar numerosas masacres como la de Deir Yassim, Tantura, Lydda o Ramlah.
El incremento de la violencia contra la población civil palestina en Cisjordania por parte soldados y colonos armados, tal como está advirtiendo la ONU, lleva a algunos especialistas como, por ejemplo, el catedrático de la UCM Ignacio Álvarez-Ossorio, a advertir de que “se está aprovechando que el foco mediático está en Gaza para emprender operaciones de limpieza étnica en Cisjordania”.
Sin embargo, en Gaza, más allá de que se acabe consumando o no el citado plan de limpieza (eufemísticamente denominado “transfer”), algo que el propio primer ministro israelí Benjamin Netanyahu no ha descartado, lo que parece claro y constatado es la ejecución de un genocidio. Así es como lo describió el experto israelí Raz Segal. Craig Mokhiber, alto Comisionado de la ONU en Nueva York, lo definió como “un genocidio de manual” antes de dimitir como protesta por la inacción y completa complicidad, según decía, de los “EE. UU, UK y buena parte de Europa”.
En Israel, el ICAHD (acrónimo inglés del Comité Israelí Contra la Destrucción de Casas) también ha realizado una llamada al final del “genocidio israelí contra el pueblo palestino”.
El Economista
