El gobierno estadounidense incumple el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) al no resolver la queja que solicitaron migrantes mexicanas por discriminación y violencia sexual sistémicas en el programa de empleo temporal H2. Las trabajadoras, acompañadas por activistas del Centro de los Derechos del Migrante (CDM), señalaron lo anterior y exigieron acciones concretas a la administración de Joe Biden.
Previo a la visita a México de Marty Walsh, secretario del Trabajo estadounidense, y aunque uno de los temas de su agenda será la discriminación en el empleo temporal, “vemos preocupante que el gobierno de Estados Unidos no coloca el trabajo de las mujeres migrantes como una prioridad”, dijo Olga Hernández Ávila, coordinadora del T-MEC en el CDM.
“Aplaudimos los esfuerzos que hacen (las autoridades estadounidenses) por fortalecer la libertad y democracia sindical en México, pero el trabajo de las mujeres que migran a Estados Unidos debe ser colocado por ambos gobiernos como una de las prioridades”, puntualizó en conferencia de prensa en línea el pasado jueves.
A pesar de que el gobierno de Estados Unidos “tiene suficiente evidencia de la discriminación por género”, no ha resuelto el problema, lamentó Rachel Micah-Jones, directora ejecutiva del CDM. Lejos de atender la queja, está ampliando el número de visas para este programa, agregó.
“Nos unimos a las trabajadoras migrantes para demandar que el gobierno de Estados Unidos detenga la discriminación de las empresas de una vez por todas”, dijo.
El 23 de marzo de 2021, las trabajadoras migrantes Adarely Ponce y Maritza Pérez solicitaron a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) presentar una queja laboral contra Estados Unidos mediante el T-MEC. Dicho tratado comercial incluye un capítulo para proteger los derechos laborales, así como sanciones para las empresas que los violen.
La STPS aceptó la solicitud e interpuso la queja laboral casi de inmediato. Desde entonces “ha habido consultas regulares, pero acciones significativas no hemos visto”, informó Rachel Micah-Jones.
Y si bien el gobierno de México podría llamar a un panel laboral, “ahora lo que exigimos es que el gobierno de Estados Unidos ponga en la mesa acciones para resolver la queja”, explicó.
El Economista
