Jueves 14 de octubre de 2021. Mediodía. El entonces consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, y el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, estaban en una sala dispuesta en la oficina del fiscal.
El saludo del fiscal fue frío, muy distante al de las otras dos ocasiones en que lo vi en el extenso salón de techos altos con ventanales que dejan ver el poniente de la ciudad desde el piso 21 del edificio de la FGR, en la glorieta de los Insurgentes.
Áspero, duro, su saludo de mano pareció un gesto por años practicado para alargar su figura y poner distancia. Se sentó, cruzó las piernas y entrelazó los dedos de las manos. Guardó silencio.
Sin preámbulo, Scherer Ibarra intervino y me preguntó: “¿Te acuerdas la última vez que conversamos?”
Julio se refería al trabajo del reportero Juan Omar Fierro publicado el 11 de julio del año pasado y que fue la portada de este semanario con el título “Fiscal general, Alejandro Gertz enredado en la disputa por la Universidad de las Américas”. (Proceso 2332).
En esa edición el semanario publicó la historia sobre el conflicto de interés en que se ubicaron el fiscal general y su fiscal para la Investigación de Delitos Federales (ahora fiscal especial de Control Competencial), Juan Ramos López, al reabrir un expediente sobre la disputa del nombre de la Universidad.
En ese momento la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP) ya estaba en la agenda pública por la intrincada disputa de los 720 millones de dólares de la Fundación Jenkins, fundadora de la institución educativa, un tema del que Proceso se había ocupado desde un mes antes con nuestra corresponsal en Puebla, Gabriela Hernández.
El reportero Juan Omar Fierro había llamado a la oficina del fiscal general, al mediodía del viernes previo a la publicación, para conocer los motivos de la reapertura del expediente sobre la disputa del nombre de la Universidad de las Américas. El fiscal reclama la marca como dueño y rector de la Universidad de las Américas de la Ciudad de México (UDLA), cuya creación es previa a la de Puebla.
Me buscaron de la oficina de Gertz por la tarde de ese viernes y acordamos que les enviaríamos un cuestionario. Se lo hicimos llegar y al poco rato me llamó Julio Scherer. Me dijo que le había llamado el fiscal, molesto. Le dije que la reapertura del expediente que lo implicaba era nuestro tema de portada y que mi decisión era publicarlo. “Yo creo que el fiscal no tiene nada que ver con el conflicto de la Universidad”, me dijo.
“Él no está en esa disputa, pero su decisión de reabrir el caso cuando ya se había declarado el no ejercicio de la acción penal es otro tema y lo vamos a dar a conocer”, le respondí.
Antes de contestar el cuestionario, el fiscal general me llamó para decirme que él no era parte del conflicto y que además le estaba dando muy poco tiempo para responder los cuestionamientos. Le dije que aun cuando no respondiera todas las preguntas, lo que nos interesaba era su versión sobre el expediente reabierto por su fiscal especial, el mismo que como abogado litigante lo había representado y había perdido el caso al declararse el no ejercicio de la acción penal durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. El fiscal accedió a responder y su versión se publicó acompañando la historia.
Proceso
