“El problema no es la supuesta exigencia de «reducir la nómina burocrática en un 18%». El verdadero problema es el desastre documentado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la fiscalización de este programa…”
Ante la opinión pública, el gobierno de Esteban Villegas Villarreal ha intentado posicionar una narrativa de victimización: el gobierno federal, ahora encabezado por Claudia Sheinbaum, supuestamente «obliga» a Durango a despedir personal de salud y educación como condición para recibir un «préstamo».
Esta afirmación no solo es engañosa, es fundamentalmente falsa. No se trata de ningún préstamo, sino del apoyo extraordinario U080. Y la condición no es despedir personal, sino algo que los dos últimos sexenios (el de José Rosas Aispuro Torres y el actual) han evitado sistemáticamente: cumplir la ley y ejercer con disciplina los recursos públicos.
El desaseado manejo de las finanzas estatales no es culpa de la Federación; es una responsabilidad local que hoy se pretende ocultar con coartadas políticas.
¿Qué es el U080 y por qué no es un «préstamo»?
El programa U080 es muy claro: No es un préstamo ni un derecho adquirido. Se trata de un apoyo extraordinario y no regularizable que la Federación otorga a los estados, únicamente cuando sus recursos ordinarios son insuficientes para la operación educativa. Su entrega depende de la disponibilidad presupuestaria federal, y su uso está estrictamente condicionado.
Los estados, como Durango, deben firmar convenios específicos donde se detallan los conceptos autorizados. Por ley, están obligados a:
- Abrir una cuenta bancaria especial y productiva.
- Destinar los recursos exclusivamente a los fines autorizados (pago de nómina autorizada, mobiliario, capacitación, etc.).
- Registrar contablemente cada peso de forma identificable.
- Rendir informes trimestrales detallados a la SEP y Hacienda.
- Reintegrar a la Tesorería de la Federación cada centavo no ejercido o no pagado en los plazos legales.
La «condición» que el gobierno de Villegas denuncia no es una nueva imposición; es el simple y llano requisito de cumplir con estas reglas básicas de disciplina financiera que se han violado flagrantemente.
La Evidencia del Desaseo: La Auditoría 2023
El problema no es la supuesta exigencia de «reducir la nómina burocrática en un 18%». El verdadero problema es el desastre documentado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la fiscalización de este programa.
Basta con mirar la auditoría a los 500 millones de pesos del convenio U080 (1110/23) realizada en 2023 para entender la magnitud del desorden administrativo heredado y continuado:
- Pagos Indebidos (Niveles no autorizados): La ASF detectó que el gobierno de Durango usó el dinero para pagar a personal de niveles educativos que no estaban contemplados en la autorización original (media superior y superior). Solo por este concepto, se generó una presunción de posible daño a la hacienda pública por 22 millones de pesos, más los intereses.
- Aguinaldos Indebidos: Se repitió la irregularidad en el pago de aguinaldos, entregando recursos a trabajadores de esos mismos niveles no previstos. El monto observado por esta falta fue de 8 millones de pesos.
- Pagos fuera de Tabulador: Se encontraron pagos a trabajadores que no se ajustaban al tabulador autorizado, generando otra observación por más de 650 mil pesos.
- Controles Débiles: Los gastos auditados carecían del control documental mínimo. No estaban debidamente identificados con la leyenda «Operado» ni con el nombre del programa U080. Esta debilidad contable, señalada en el análisis, «dificulta la trazabilidad del gasto».
En resumen, el gobierno estatal ha utilizado fondos federales extraordinarios, etiquetados para fines específicos, como una caja chica para cubrir compromisos de nómina que no correspondían a ese programa.
La Consecuencia Lógica: Responsabilidades
Este manejo indebido no es trivial. Las observaciones de la ASF suman decenas de millones de pesos y han derivado en el inicio de procedimientos de responsabilidad administrativa por parte de la propia Contraloría del Estado de Durango.
La dependencia de Durango a este recurso «extraordinario» para cubrir gastos ordinarios ha creado una enorme vulnerabilidad financiera. Ahora que la Federación exige, con la ley en la mano, que el dinero se use correctamente o se devuelva, el gobierno estatal recurre al chantaje político.
Lo que el gobierno de Esteban Villegas llama «presión» para «despedir gente» es, en realidad, la exigencia de dejar de pagar nóminas no autorizadas con fondos federales etiquetados. No se les pide que despidan personal de salud o educación; se les exige que dejen de cometer un presunto daño a la hacienda pública.
La crisis de la nómina educativa en Durango no se resolverá con excusas ni buscando culpables en la Ciudad de México. La solución requiere aceptar la realidad que exhiben las auditorías: el desorden ha sido la norma, y la única «condición» impuesta es, finalmente, la de empezar a cumplir la ley.
Leonardo Álvarez / @leon_alvarez
