Nueve universidades del país —entre ellas instituciones que ya están en la mira de la Justicia como la Universidad Autónoma de Nayarit y la Autónoma del Estado de Hidalgo— sumaron más de 860 millones de pesos sin aclarar, de acuerdo con la última entrega de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) con respecto a la Cuenta Pública 2021.
Se trata de las universidades autónomas de Chiapas (UNACH), la “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), Chapingo, de Chihuahua, de Nayarit, del Estado de Hidalgo (UAEH), de Nuevo León (UANL), de Tlaxcala (UATx) y la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), lo cual suma al discurso del Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la existencia de corrupción en universidades públicas donde existen cacicazgos.
De estas, exfuncionarios de las instituciones de Oaxaca, Hidalgo y Nayarit están bajo investigación por las Fiscalías estatales y federal, tales como José Ignacio Peña González, exrector de la Universidad de Nayarit detenido el pasado 26 de enero; Eduardo Martínez Helmes de la “Benito Juárez” de Oaxaca; y Gerardo Sosa Castelán y Humberto Veras Godoy de la UAEH. El primero es acusado de los delitos de abuso de autoridad, falsificación de documentos y tráfico de influencias; mientras que Sosa Castelán y Veras Godoy están en la mira por presunto lavado de dinero.
La lista de la ASF la lidera en montos la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), que presentó irregularidades por 326 millones 828 mil 718.43 pesos que le fueron entregados a través de los Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales. Este ramo, el 11-U006 de la Cuenta Pública, tuvo observaciones en 563.5 millones de pesos por tratarse de un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública.
De acuerdo con el informe de la Auditoría, dicha universidad destinó cinco millones 073 mil 051.08 pesos para el pago de prestaciones no ligadas al salario, tales como “Compensación” y “Compensación por actividad directiva exfuncionarios”. Otros 386 mil 290.16 pesos se destinaron al pago de “Compensación por Actividad Directiva”.
El mayor monto —301 millones 978 mil 126.11 pesos— correspondió a un excedente del importe autorizado para Servicios Personales sin que el máximo Órgano Colegiado de la institución diera el visto bueno a la modificación ni notificar a la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Asimismo, destinó recursos del subsidio para el pago de Amortización de un crédito de la deuda pública, sin presentar la documentación justificativa y comprobatoria correspondiente y etiquetado en otro capítulo de gasto, a pesar de que este concepto de pago no está permitido en el Programa Presupuestario del cual se tomaron los recursos; y para el pago de Aportaciones y Amortización al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) de ejercicios fiscales anteriores.
También erogó dos millones 423 mil 880.85 pesos para pagar a nueve trabajadores docentes que no cumplían con los requisitos de escolaridad mínimos requeridos para puestos que desempeñaron; la Universidad pagó estímulos al desempeño de personal docente a personal que no había sido seleccionado para dicha remuneración, y a 10 trabajadores jubilados. De igual manera, se pagó a personal que no fue reconocido por el titular del centro de trabajo de adscripción o cuyos centros de adscripción eran ajenos a las funciones académicas de la UAN.
El resto del dinero irregular se gastó en equipo de cómputo, pagos excedentes en el servicio de farmacia para personal académico, y dinero que no se erogó ni se reintegró a la Tesorería de la Federación al momento de la realización de la auditoría.
El informe hecho por la ASF corresponde a la Cuenta Pública de 2021, periodo en el cual el rector de la Universidad de Nayarit era José Ignacio Peña González (2016-2022), quien fue detenido en Tepic a finales de enero por presuntos actos de corrupción. Sin embargo, su antecesor, Juan López Salazar (2010-2016) se encuentra actualmente prófugo de la justicia por ejercicio indebido de funciones y enriquecimiento ilícito.
Sin Embargo
