Expertos en seguridad vehicular, Organizaciones de la sociedad civil, familiares de víctimas de siniestros de tránsito denunciaron que la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) busca frenar la aprobación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, cuya votación en el pleno no se ha llevado a cabo.
Desde este miércoles 16 de marzo, Alejandra Leal, Codirectora de Céntrico, especialista en movilidad, seguridad vial y enlace con sociedad civil y Gobierno, en entrevista con SinEmbargo, dio a conocer que la iniciativa de Ley pasó por unanimidad en comisiones de la Cámara de Diputados, por lo que se esperaba se votara este jueves 17 por el pleno de la Cámara baja, pero no se consideró en la orden del día del recinto legislativo de San Lázaro.
Tanto Leal como la organización el Poder del Consumidor han señalado a la AMIA de obstaculizar el proceso para que se apruebe Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, desde su “investigación, colaboración, elaboración, redacción y revisión” en el que se han invertido más de tres años, según detalló el organismo mediante una postura emitida en su página web.
Stephan Brodziak, coordinador de la Campaña de Seguridad Vehicular de El Poder del Consumidor de México y presidente de la mesa directiva del Programa de Evaluación de Vehículos Nuevos para América Latina y el Caribe (Latin NCAP), comentó en entrevista para SinEmbargo que, además de tener acercamientos con legisladores y legisladoras, en un intento de frenar la aprobación de la Ley, la AMIA “han manifestado su inconformidad con algunas partes de la Ley”, de manera pública “a través de los foros abiertos”.
Explicó que la posición de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, responde a la propuesta de regular “los estándares de seguridad que se dará a los automóviles nuevos”.
“Nosotros estuvimos durante más de un año en sesiones semanales con la Secretaría de la Economía para llevar a cabo la actualización de la Norma 94 [NOM-194-SCFI-2015], en la cual también estuvo en la AMIA”, comentó.
La AMIA, ahondó, “estuvo insistentemente y sistemáticamente impidiendo el avance que nosotros solicitamos desde sociedad civil para contar con los estándares mínimos de seguridad vehicular que son recomendados por la Naciones Unidas”. Esto, explicó, “implica tomar como base los estándares internacionales en la materia [de Seguridad]”, y que dota a la ley de “una perspectiva mucho más progresiva y mucho más protectora de la salud y la vida de los usuarios de la vía en nuestro país”.
Brodziak enfatizó que este enfoque de la propuesta de Ley “nos pone en ruta para exigir cosas que va más allá de lo que está exigiendo la Norma 194 [en el ámbito] de dispositivos de seguridad en vehículos nuevos”, lo que “le incomoda a la industria”, porque va a obligarlos a que “dejen de discriminarnos como consumidores en nuestro país, van a tener que tratarnos como consumidores en Europa, como consumidores en Canadá, en Japón, en Australia”.
También sostuvo que la AMIA ha impedido la actualización de la Norma 194, y que a su vez ésta “sea el único instrumento a través del cual se regule la seguridad de los vehículos nuevos, porque una regulación de esa naturaleza es mucho más vulnerable a la influencia de la industria”, debido a que es “un instrumento mucho más influenciable, por ser un instrumento técnico”, por lo que el propósito de la industria es que “la ley sólo se refiera a la Norma para regular la seguridad de los vehículos nuevos”, dijo.
Sin Embargo
