Nunca antes la sucesión en la presidencia de la Suprema Corte había atraído tantos reflectores. No solamente porque la presidencia del ministro Arturo Zaldívar fue mucho más mediática que la de cualquiera de sus predecesores. Sino sobre todo porque hace unos días, el académico Guillermo Sheridan dio a conocer que la ministra Yasmín Esquivel Mossa, una de las aspirantes a la presidencia, habría plagiado una tesis presentada un año antes de la que ella presentó para obtener su grado de licenciatura.
La Facultad de Estudio Superiores Aragón de la UNAM publicó un comunicado para anunciar que realizaría una investigación sobre el caso, que pone en serio riesgo las aspiraciones de la ministra, pues, de confirmarse, pondría en duda su honestidad. Pero, más allá de la desafortunada razón por la cual se ha vuelto mediático el proceso de designación de un nuevo presidente o presidenta del Poder Judicial de la Federación, lo cierto es que, por la relevancia del cargo, es muy importante analizar la votación que realizarán los 11 ministros y ministras que conforman el Pleno de la Suprema Corte el próximo 2 de enero, para elegir a quien le sucederá al ministro Arturo Zaldívar a la cabeza no solamente de la Suprema Corte, sino también del Consejo de la Judicatura Federal, pues quién preside la primera también lidera el segundo.
Aparte de la ministra Esquivel, se apuntaron la ministra Norma Lucía Piña Hernández, así como los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Javier Laynez Potisek y Alberto Pérez Dayán, quienes presentaron sus proyectos de trabajo el pasado 5 de diciembre.
Si bien la ministra Esquivel y el ministro Gutiérrez Ortiz Mena subrayan que su proyecto dará continuidad al del presidente saliente, no significa que los ministros Piña, Laynez y Pérez Dayán planteen proyectos de ruptura completa, por lo menos en términos de fondo. En realidad, se observa que muchos de los proyectos tienen coincidencias.
Proceso
