«La semana pasada la Cancillería mexicana logró sacudir a la poderosa industria norteamericana de armas al presentar, en una corte federal en Boston, una demanda contra los principales fabricantes y distribuidores. El mérito de la demanda es que exhibe un lado oscuro, y hasta ahora poco comentado, de una industria que ha sabido eludir casi cualquier intento de regulación: Glock, Colt y Barrett, junto con las otras empresas demandadas, son grandes proveedores del crimen organizado en México, que no tienen mayor escrúpulo en obtener ganancias millonarias de los conflictos armados en nuestro país.
La demanda es sensata. No lo digo desde un punto de vista jurídico, sino desde la perspectiva de un observador preocupado por la violencia en México. Como la Cancillería aclaró, México no cuestiona la Segunda Enmienda ni la idiosincrasia norteamericana en lo relativo al derecho a comprar y portar armas. Lo que se pide es una compensación por el daño que los fabricantes y distribuidores han ocasionado al vender armas de alto calibre a sabiendas de que –muy probablemente– terminarán en manos de grupos criminales en México»: Eduardo Guerrero.
