Desdibujada como contrapeso del Poder Ejecutivo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presidida por Rosario Piedra Ibarra decidió plegarse al discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador para dejar en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) el control absoluto de la Guardia Nacional (GN), pasando por alto instrumentos internacionales de derechos humanos, consideraciones de sus pares en los estados e incluso de los consejeros del organismo.
En 16 cuartillas, el martes 13, Piedra Ibarra abdicó de su facultad de recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para interponer una acción de inconstitucionalidad contra las reformas que militarizan la GN, nacida en 2019 con un carácter civil.
“Es este momento de definiciones claras, que no admiten matices. O se está con el pueblo o se está contra él”, arguyó el organismo en el documento que secunda la posición del presidente Andrés Manuel López Obrador, y de la mayoría de Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión, de que “la existencia de una crisis de inseguridad y violencia”, atribuida al crimen organizado, justificaba que la Sedena absorbiera a la GN.
El lunes 5, mientras se discutía en el Senado la iniciativa enviada por López Obrador aprobada en la Cámara de Diputados, la CNDH se abstuvo de respaldar un posicionamiento de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos que alertaba sobre “los impactos que tendrán las modificaciones legislativas en la esfera de derechos de las personas y comunidades derivados de la ruptura de la cadena de mando civil de la Guardia Nacional para sujetarla al mando militar a cargo de la Sedena”.
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