“Las naciones fracasan cuando tienen instituciones económicas extractivas, diseñadas para extraer ingresos y riqueza de un sector de la sociedad para beneficiar a una élite.” — Daron Acemoglu, Economista.
El abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, el pasado 22 de febrero en Tapalpa, no debe leerse únicamente como un éxito de letalidad táctica de las Fuerzas Especiales. Para quienes analizamos las estructuras de poder desde la ciencia económica y política, este evento representa el diagnóstico de una patología mucho más profunda: el colapso de un modelo de gestión pública que permitió la mutación del crimen organizado en un “holding” paraestatal con injerencia presupuestaria.
La verdadera fortaleza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y sus facciones no residía solo en su capacidad de fuego, sino en su diversificación de rentas extractivas. Hemos pasado del narcotráfico tradicional a un modelo de control territorial que parasita las actividades productivas lícitas.
Hoy, sectores estratégicos como la ganadería, la industria forestal y la minería operan bajo un esquema de «impuesto criminal» (extorsión) que altera los precios de mercado y desincentiva la inversión. Cuando una estructura criminal controla el precio del ganado o la salida de madera en la sierra, deja de ser una banda de delincuentes para convertirse en un regulador económico de facto.
El aspecto más alarmante es la infiltración en las estructuras de poder político y jurídico subnacional. El crimen organizado ha perfeccionado la técnica de la “captura del Estado” en los municipios. No solo buscan protección; buscan el control del presupuesto público. Mediante la imposición de directores de obra pública o tesoreros, las organizaciones criminales han logrado que el dinero de los contribuyentes —destinado a infraestructura o servicios— termine financiando sus nóminas de sicariato.
Esta «narcopolítica» ha creado un círculo vicioso: el poder político local se convierte en el brazo administrativo de la estructura criminal, garantizando el libre tránsito y la impunidad procesal.
Durango no es ajeno a esta reconfiguración. El reciente caso de «El Limones» en la Comarca Lagunera es un recordatorio de cómo las redes de protección pueden operar en las sombras de la actividad comercial regional. La intensificación de los operativos en nuestra ciudad y estado no es casualidad; es el reconocimiento de que Durango es un nodo estratégico de conectividad y recursos que el Estado mexicano ha decidido recuperar.
La estancia de la Presidenta Claudia Sheinbaum en la Laguna, coincidiendo con el operativo nacional, manda un mensaje de vigilancia permanente. Los gobiernos locales en Durango están ante una disyuntiva histórica: o se alinean a la estrategia de recuperación de la soberanía nacional, o enfrentarán las consecuencias de una política de «Cero Tolerancia» que ya no distingue entre el criminal con fusil y el funcionario con firma.
¿Qué sigue para los Gobiernos Locales?
El fin de la era del “Mencho” marca también el fin de la era de la «no confrontación». Para los gobernadores y alcaldes, el viraje táctico de la administración Sheinbaum significa que el vacío de autoridad ya no será permitido.
- Fiscalización de Redes de Financiamiento: La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Hacienda deben ser los nuevos «soldados» en esta batalla. Sin flujo de caja, la estructura operativa se colapsa.
- Depuración Institucional: Es urgente una limpieza en las fiscalías locales y mandos policiales. El éxito de Tapalpa fue posible gracias a la compartimentación de la información; es decir, se operó fuera de las redes de filtración locales.
- Recuperación de la Economía Formal: El Estado debe garantizar que sectores como el ganadero en Durango vuelvan a ser regidos por la ley del mercado y no por el capricho del “jefe de plaza”.
Colofón
México ha cortado la cabeza más visible de la hidra, pero el cuerpo económico sigue vivo. La administración de la Presidenta Sheinbaum, junto a figuras como Omar García Harfuch y el General Ricardo Trevilla, ha demostrado que existe la voluntad política para ejercer el monopolio de la fuerza. Sin embargo, la paz definitiva no llegará con una captura, sino con el desmantelamiento de las redes financieras y de protección política que hicieron de la violencia un negocio rentable.
Es hora de que los gobiernos locales entiendan que el paradigma cambió: la impunidad ya no es moneda de cambio para la gobernabilidad.
Leonardo Álvarez / leonardo.alvarez@gdinnvaciones.com
